El despotismo es definido como el “conjunto de actitudes y prácticas de quien abusa de su superioridad o poder en el trato con los demás” y por ello es el término que se tiene que aplicar para entender el trágico suceso de la muerte de nueve personas, incluyendo el Director de la Policía de El Salvador, Mauricio Arriaza Chicas, cuando en medio de muy mal tiempo volaba tras cumplir la voluntad de Nayib Bukele en cuanto a la captura de Manuel Coto Barrientos, acusado de fraude.
Coto fue localizado en Honduras y, según el mismo Bukele, fue capturado en ese país y entregado ilegalmente a las autoridades salvadoreñas, pasando por alto las normas de ambos países respecto a la extradición de cualquier delincuente común. El gobernante salvadoreño alabó a las autoridades hondureñas porque facilitaron, “evitando un largo proceso de extradición”, la entrega al director de la policía de una persona acusada de un grave delito económico.
Recordemos que Bukele también acudió a prácticas de abuso de su superioridad o poder en el manejo del problema de las maras o pandillas, pasando por alto elementales normas de derecho establecidas tanto en las leyes salvadoreñas como en cualquier país del mundo. Es necesario enfrentar el crimen, pero si no se observan las normas, la lucha se vuelve insostenible en el largo plazo y abre las puertas a futuras violaciones de ley. Ciertamente fue aplaudido por la ciudadanía de su país porque encerró a los criminales sin los debidos procesos y el índice de criminalidad bajó considerablemente, pero ello fue resultado de una acción que vulneraba normas.
Normas que, por cierto, también prohibían la reelección de los presidentes y que el mismo Bukele mandó por un tubo, proclamándose candidato y ganando una elección que le permitió continuar en el poder más allá de lo establecido.
Honduras y El Salvador tienen tratados de extradición que debieron cumplirse en el caso de Coto Barrientos, pero en la prisa por presumir de una acción rápida para detener a un delincuente, tales normas no solo fueron violadas por ambos países sino que provocaron la muerte de 9 personas. Situación extremadamente grave para las familias porque el ego del poder nubló el juicio. Además, los tratados de extradición quedan en entredicho si tomamos en cuenta que se sienta un precedente para que mediante acuerdos entre dos gobernantes se proceda a la captura y entrega de personas que son buscadas por alguno de los dos países, sin el respeto a las elementales garantías del debido proceso.
Creemos en la necesidad de autoridades que cumplan la ley con firmeza, sobre todo en situaciones de crímenes que se pueden considerar de lesa humanidad (entre ellos la burda corrupción), pero hasta los peores delincuentes tienen derecho a juicios justos basados en la aplicación correcta de la ley. El despotismo, que en Guatemala se vivió durante tantos años, no puede considerarse una ruta adecuada y menos cuando el déspota es de tal calibre que cree que hasta puede dominar el clima, como pasó con esa orden draconiana de volar en helicóptero en plena tormenta.
