Estados Unidos impuso el martes sanciones contra el expresidente de Haití, Michel Joseph Martelly, acusado de abusar de su influencia para facilitar el tráfico de drogas a territorio estadounidense y patrocinar a las pandillas que han contribuido a la inestabilidad en el país caribeño.
El subsecretario interino contra el terrorismo e inteligencia financiera del Departamento del Tesoro, Bradley T. Smith, dijo que el acto “destaca el papel importante y desestabilizador que él y otros miembros corruptos de la élite política han desempeñado en la perpetuación de la actual crisis en Haití”.
Haití está sumergido en la violencia de pandillas mientras manifestantes pacíficos han sido rociados con gas lacrimógeno por la policía cuando han hecho llamados a los organismos del orden público a que les ayuden a detener a las pandillas que han tomado el control de sus vecindarios en forma violenta.
Cientos de policías de Kenia llegaron a Haití en una misión respaldada por la ONU y encabezada por el país africano para hacer frente a las pandillas.
En un informe de la ONU divulgado en julio, se indica que la violencia de pandillas en Haití ha desplazado a más de 300.000 niños desde marzo, y que muchos de ellos viven en refugios improvisados, como escuelas, y en malas condiciones de higiene, lo que los pone en riesgo de contraer enfermedades.
Martelly, que gobernó de 2011 a 2016, fue sancionado por el gobierno canadiense en noviembre de 2022 por financiar a las pandillas.
En enero, un juez haitiano emitió una orden de arresto contra Martelly y otros 30 funcionarios de alto nivel acusados de corrupción gubernamental, concretamente, de malversación de fondos o equipo relacionados con el Centro Nacional de Equipamiento de Haití.
El funcionario del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que las sanciones del martes tienen como objetivo “promover la rendición de cuentas de todas las personas cuyas actividades contribuyan a la violencia de pandillas y a desestabilizar el entorno político en Haití, independientemente de su nivel o importancia”.
Estados Unidos usa una orden ejecutiva de 2021 relacionada con los extranjeros involucrados en el narcotráfico como su autoridad para imponer las sanciones.
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