El presidente del Congreso de la República, Nery Ramos, luego de reunirse con integrantes de la junta directiva, se pronunció por la denuncia que recibió el Ministerio Público (MP) por supuestas anomalías en la contratación de personal en el renglón 022.
Ramos enfatizó que no es un cuestionamiento sobre las actuaciones de la directiva, ya que el requerimiento de la Fiscalía contra la Corrupción es uno más de los muchos que han hecho diferentes fiscalías.
Según Ramos, en particular, este requerimiento es de información de plazas 022, «que busca corroborar el cumplimiento de los manuales y procedimientos establecidos, como del cumplimiento del Manual de Puestos y Salarios».
«No es nada relevante, a nuestro criterio, esa información está colgada en la página electrónica del Congreso, cualquiera puede bajarla, hemos exigido que quien aplique para un espacio laboral cuente con los méritos, la documentación de respaldo para ser sometido al proceso de evaluación. No hay ningún cuestionamiento, estamos tranquilos y con la certeza de que hemos cumplido con la ley», resaltó.
El titular del Legislativo recordó que se han dado destituciones o rescindido contratos, lo cual es normal de que alguna persona no esté conforme y tiene derecho a denunciarlo en las instancias correspondientes y el MP en investigar.
El presidente del Legislativo consideró que, más allá de eso, «todo se ha hecho apegado a la ley, cumpliendo con principios «éticos y morales, pero sobre todo de transparencia».
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TRASLADAN DENUNCIA EXPRÉS
La denuncia contra la actual junta directiva que preside Ramos tuvo un trato especial, ya que se presentó el 6 de agosto y la Fiscalía contra la Corrupción hizo la diligencia un día después.
Varios diputados mostraron su asombro por el trámite, al considerar que hay otras denuncias de mayor relevancia que el MP no da seguimiento. Además, porque primero el MP indicó que había una denuncia específica, pero luego en el sitio web aparece como «investigación de oficio».
Mientras que empleados del Congreso no descartaron que se trata de un malestar entre trabajadores que fueron cambiados de sus puestos de trabajo, pero que durante la administración de Vamos fueron colocados por conveniencia, sin cumplir con el Manual de Puestos.
