Ángel Pineda, el secretario general del Ministerio Público (MP) y mano derecha de la fiscal general, María Consuelo Porras, junto a fiscales afines, en conferencia de prensa aseguraron que los datos del padrón electoral que secuestraron en julio pasado son de carácter público, pese a que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo señaló al ente investigador de obtenerlo de forma ilegal y ahora tener en su poder «datos sensibles» de más de 9.3 millones de guatemaltecos.
📌 Falacia: El MP se llevó padrón con número de teléfono y direcciones de ciudadanos
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— Diario La Hora (@lahoragt) August 2, 2024
Las declaraciones vertidas en una rueda de prensa ocurren luego de que Porras pidiera a la Corte de Constitucionalidad (CC) la destitución de tres funcionarios del gobierno del presidente Bernardo Arévalo que han puesto frente a las ilegalidades del MP y el sector justicia. Mientras que ayer, el mandatario la acusó de ser la “principal cómplice de la minoría corrupta” del país y de boicotear su administración.
Padrón electoral: MP va contra Blanca Alfaro y Santiago Palomo
FALACIA DEL MP
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; la fiscal de esa unidad, Leonor Morales; el secretario contra la corrupción, Miguel Estuardo Ávila y Pineda se volcaron contra el Ejecutivo y el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, acusándolo de obstruir la justicia luego de que días atrás saliera informando en un video sobre el secuestro del padrón electoral a manos del MP.
El pasado 20 de junio, Morales solicitó una serie de requerimientos al TSE por medio de una autorización judicial firmada por el juez Séptimo Penal A, Fredy Orellana. En total fueron 12 peticiones relacionadas con la actualización del padrón electoral del portal web y su rol en el proceso electoral. Sin embargo, dicha resolución no daba luz verde para secuestrar información, era relacionada con una auditoría.
El pedido fue realizado en el caso que el MP abrió contra el partido Movimiento Semilla, que llevó a Arévalo a la presidencia. Dicha carpeta judicial se encuentra bajo reserva judicial, es decir, que las partes involucradas en el proceso tienen prohibición de divulgar información sobre las actuaciones.
Morales y sus colegas se aferraron a esa narrativa durante toda la conferencia de prensa e indicaron que el juez Orellana les levantó la reserva a pedido de la FECI para poder brindar una conferencia de prensa. “Es completamente falso e ilícito el informar lo que en la diligencia ocurrió, el MP no secuestró el padrón electoral ni ninguna computadora”, sostuvo.
Sin embargo, la misma Ley de Acceso a la Información Pública en su artículo 22 y numeral 5 refiere que «los datos sensibles o personales sensibles, que solo podrán ser conocidos por el titular del derecho». El MP sostiene que no secuestraron esa data, pero sí una copia de la información de una carpeta de los archivos del TSE nombrada «Padrón Electoral».
De esa cuenta, el padrón electoral que está abierto al público no contiene datos personales como direcciones ni números de teléfono como aseguró el personal del MP. Por ejemplo, cuando el ente investigador necesita ubicar a una persona para solicitar una orden de captura solicita su empadronamiento al TSE por medio de una orden de juez que lo avala. Asimismo, la copia del mismo que es entregada a los partidos tampoco lleva una dirección o teléfonos. Ahora el ente investigador cuenta con toda la data.
El MP habla de filtración de información bajo reserva sin abordar a cuenta de ¡Yes, Máster!
ORELLANA DA RAZÓN AL MP
Como consecuencia, el MP indicó que el juez Orellana accedió a su pedido y certificó lo conducente (ordenó investigar) a funcionarios y empleados públicos del TSE que habrían participado en la divulgación de la información que «estaba bajo reserva», pero que a la vez aseguran es «falsa».
Por ello, la medida de la Fiscalía será solicitar el retiro de derecho de antejuicio contra la magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, y del secretario de Comunicación Social de Arévalo, Santiago Palomo. Así, los órganos correspondientes deberán dilucidar si se trata de un señalamiento espurio y con fines políticos o si incurrieron en la posible comisión de un delito.
Desde que Arévalo ganó las elecciones en agosto pasado, el MP emprendió una cruzada para entorpecer su llegada al poder con la solicitud de retiro de inmunidad en varios casos. Arévalo suma meses acusando al MP y a su jefa, Consuelo Porras: primero de fraguar un golpe de Estado y ahora de echar a andar la maquinaría contra su gobierno con investigaciones señaladas de carecer de fundamento legal.
ALFARO DESMIENTE AL MP
Derivado de la conferencia de prensa del MP, la presidenta del TSE ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que la ley le prohíbe al órgano electoral publicar las residencias que los guatemaltecos registran en el padrón electoral para votar y subrayó que el ente investigador obtuvo esa información a raíz de una diligencia a finales de julio.
Alfaro recordó que hubo cuentas de netcenters que días antes de la diligencia publicaron que el MP había solicitado el padrón electoral. En ese momento, Pineda, Curruchiche y Morales no se pronunciaron por una supuesta vulneración a la información reservada.
La magistrada presidenta desmintió al MP y precisó «lamento (…) que sea el ente investigador sea el que vulnere de manera abrupta e incorrecta mis derechos como ciudadana».
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