La ejecución de proyectos bajo el amparo del Decreto 21-2022, Ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica, también destinó millonarios recursos para el mantenimiento y construcción de puentes que hoy en día están a medias.
Estos proyectos se suman a una serie de obras de rehabilitación y recapeo de carreteras que también se quedaron a medias después de desembolsos millonarios.
La Hora publicó este 22 de julio la nota, “Adjudicar, pagar y dejar a medias: el patrón de los millonarios proyectos del decreto 21-2022”, donde se consignan al menos 11 proyectos a los cuales se les destinó recursos, no han sido finalizados.
Adjudicar, pagar y dejar a medias: el patrón de los millonarios proyectos del decreto 21-2022
Los puentes no han sido la excepción.
Este medio visitó varias de estas obras entre el 11 y 12 de julio y constató que, aunque en algunas hay personal en labores, los trabajos no han sido concluidos.
PROYECTOS
Uno de estos que se encuentra a medio construir es la rehabilitación del puente Motagua, sobre el río del mismo nombre, que se encuentra en la ruta CA-10, entre Río Hondo y la cabecera departamental de Zacapa.
Este contrato se le adjudicó a Ingeniería y Avalúos por Q47.7 millones, y a la fecha se le han hecho desembolsos por más de Q53.7 millones —Q6 millones más—. El día que La Hora visitó el área había algunos trabajadores en la zona, pero que no quisieron dar información. Dijeron que no estaban autorizados para hacerlo.
En el kilómetro 119 de la carretera CA-9 norte, o ruta al Atlántico, en Teculután, Zacapa, se encuentra el puente Santa Cruz, que no ha sido entregado a las autoridades de manera oficial.
La rehabilitación de este puente fue adjudicada a Andria, S. A., única empresa oferente en el proceso, por Q53.2 millones, aunque el contrato también incluye trabajos en el puente Nahualate, sobre la carretera al Pacífico, en San José el Ídolo, Suchitepéquez.
La empresa ha recibido desembolsos por Q26.6 millones.
MÁS PROYECTOS
Entre otros proyectos que no se han finalizado, a juzgar por la información de Guatecompras, puesto que no existen actas de recepción de obras, está la rehabilitación del puente El Lobo, en el kilómetro 173.9 de la CA-9 norte, o ruta al Atlántico, un proyecto de Q16.3 millones de los cuales se han pagado Q12.2 millones.
El puente Doña María, en el kilómetro 180 de la misma carretera, en la bifurcación de la ruta departamental ZAC-05. Por la rehabilitación de este se firmó un contrato de Q18.9 millones, de los cuales, a la fecha, se han pagado Q14.7 millones.
Asimismo, el puente El Arenal, en el kilómetro 162.3, de la ruta al Atlántico, en el desvío a Gualán. La empresa que recibió la adjudicación firmó un contrato por Q48.7 millones, aunque este monto también incluía el puente Siguacán, en la ruta al suroccidente.
A la fecha ha recibido pagos por Q19.5 millones.
Por otra parte, el puente Corozal, una estructura que se construirá paralela a un puente que ya existe en el kilómetro 29 de la ruta al Atlántico, en San Antonio La Paz, debería inaugurarse en diciembre próximo. El día que La Hora visitó el lugar, se pudo constatar que hay trabajadores, maquinaria y las bases empiezan a erigirse.
El proyecto fue adjudicado a la empresa Grupo Muratori, S. A. la misma que construye el puente Belice II y sus aproximaciones, otro proyecto incluido en el Decreto 21-2022, pero que está suspendido por problemas con derechos de vía.
El contrato entre la Dirección General de Caminos (DGC) y la compañía se firmó por Q188.7 millones, de los cuales a la fecha se han pagado Q62.2 millones. Según el cronograma estará listo en enero de 2025. El costo del proyecto ya se elevó otros Q13 millones, según documentos que se encuentran en Guatecompras.
MILLONARIOS DESEMBOLSOS
A través de la visita a distintos proyectos de obra gris, que fueron aprobados por el Congreso en marzo de 2022, La Hora ha podido constatar que la mayoría se encuentran a medias, algunos están suspendidos y no se sabe qué pasará con ellos.
En otros proyectos el CIV de la pasa administración no les pagó los fondos, a pesar de que el Legislativo había aprobado los recursos y de que la Ley decía que los montos no podían variarse “por ningún motivo”.
Los proyectos que se incluyeron en la ampliación presupuestaria que el Congreso aprobó el 15 de marzo del 2022 para ser ejecutados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) han representado una erogación al erario de Q3 mil 832 millones 896 mil, según un reporte de ejecución presupuestaria generado por el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) del Estado.
Esta cifra supera por Q641.1 millones al monto original de la ampliación contenida en el decreto 21-2022, Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica, que fue de Q3 mil 191 millones 242 mil.
La ejecución de los recursos fue a la carrera, sobre todo en el primer año de la ampliación —2022— ya que se ejecutaron Q2 mil 64 millones 428 mil, el año pasado el gasto llegó a Q1 mil 543.7 millones y todavía en los últimos días de la administración de Alejandro Giammattei de este año figura una ejecución de dicho renglón presupuestario por Q221.8 millones.
Según lo aprobado por los diputados en el decreto 21-2022 los recursos de la ampliación debían ser ejecutados por cuatro unidades del CIV: Dirección General de Caminos (DGC), la unidad ejecutora de Conservación Vial (COVIAL), la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) y el Fondo Social de Solidaridad (FSS).
El techo en 2022 era de Q3 mil 191 millones, aunque la Ley también contemplaba estimaciones multianuales que elevaba el costo de los proyectos hasta los Q5 mil 690 millones.
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LEY POLÉMICA
La Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica se aprobó de manera exprés, el 15 de marzo del 2022, en medio de críticas de sectores sociales y de analistas que señalaban falta de criterios técnicos para la selección de los proyectos.
El propio exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Javier Maldonado, confirmó a medios de comunicación que estos fueron seleccionados por diputados distritales y no necesariamente por la cartera que dirigía.
