Las profesiones como el derecho, la ingeniería, la medicina, entre otras, dan un servicio público. Ya sea que los profesionales se formen en universidades privadas o públicas, la función que harán es de naturaleza pública, no importa si los o las profesionales practiquen en ambientes privados, las consecuencias de su trabajo son públicas. Las obras de ingeniería en cualquier sociedad tienen un enorme impacto público. El descalabro de la obra civil en Guatemala no solamente es el producto de la corrupción sistémica incrustada en el país, por décadas; no solamente es el efecto del Cambio Climático, es también responsabilidad de los constructores, muchos de ellos ingenieros graduados de algunos de los programas universitarios del país.
La formación en ingeniería tradicionalmente ha seguido un camino técnico, concebida la ingeniería como ciencia aplicada en el peor de los casos o como solución de problemas técnicos. Pero la ingeniería es mucho más que eso, de tal forma que habrá que revisar los programas de educación en ingeniería para que den oportunidades a sus estudiantes de formación en los aspectos sociales de la ingeniería y en la naturaleza ética de la profesión. Si bien no existe una obra perfecta de ingeniería, es importante que la sociedad conozca que los y las ingenieras tienen herramientas técnicas y éticas para proponer y construir soluciones a los problemas sociales que les encargamos. La ingeniería tiene un enorme impacto social y es por eso que los colegios de ingenieros en el mundo, y en Guatemala, no solamente deben verse como gremios que defienden sus intereses sino instituciones sociales que puedan defendernos a nosotros, la sociedad, de los posibles abusos de los profesionales.
La conceptualización de los colegios profesionales en Estados Unidos por ejemplo tiene como objetivo la protección del público tal como reza el objetivo de la Sociedad Nacional de Ingenieros:
«The National Society of Professional Engineers (NSPE) was founded in 1934 based on a key goal of protecting the public through licensing (registration) of engineers in the United States. Promotion of strong licensure laws is a core value of NSPE and essential to protection of public health, safety and welfare».
«La Sociedad Nacional de Ingenieros Profesionales (NSPE, por sus siglas en inglés) fue fundada en 1934 con el objetivo clave de proteger al público a través de la concesión de licencias (registro) a los ingenieros en los Estados Unidos. La promoción de leyes sólidas para la concesión de licencias es un valor fundamental de la NSPE y es esencial para la protección de la salud, la seguridad y el bienestar público».
Por otro lado, en el caso de Guatemala los Colegios Profesionales están fundados bajo la premisa de la defensa gremial y del bienestar de sus asociados, tal como reza la misión del Colegio de Ingenieros de Guatemala: « Ser una organización que, con base legal, ética y preparación académica procura la defensa gremial, el bienestar social de sus agremiados y el ejercicio responsable de la ingeniería en el país, promoviendo la participación activa de todos sus agremiados».
Ahora bien, mientras los colegios de profesionales en otros países tienen funciones de formación, de preparación para la práctica, de control de la práctica de los profesionales los colegios de profesionales en Guatemala, particularmente el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Abogados y Notarios, agrupan afiliados que han politizado a dichos colegios, especialmente el de abogados, pero también el de ingeniería y otros colegios de profesionales.
Así nos encontramos que, si bien las declaraciones de los Colegios de Profesionales en Guatemala incluyen elementos como «supervisar el ejercicio responsable de la práctica», su foco de atención, su objetivo, su razón de ser es la defensa de los agremiados, los que en general se desentienden de su colegio profesional, de tal forma que es un pequeño grupo el que usualmente toma control del colegio profesional, léase Colegio de Ingenieros, Colegio de Abogados, los cuales al final terminan politizando a la institución haciéndola parte de este proceso de cooptación institucional en que se encuentra el país. ¿Cómo vamos a salir de esto?
En Guatemala existe la Ley de Colegiación Obligatoria para Profesionales universitarios según el Artículo 90 y al mismo tiempo el derecho de libre asociación, Artículo 34 de la Constitución. ¿Cómo explicar entonces que, por un lado, se reconoce el derecho humano de libre asociación y por el otro se obliga a los graduados universitarios a que se asocien a un colegio profesional? Bueno, las razones no están en las mejoras académicas o salariales de los colegiados porque estas mejoras son bienes privados e individuales. Yo supongo, sin ser yo jurista, que la razón por la que los constituyentes obligan a la Asociación de Profesionales Universitarios es porque el derecho a libre asociación puede limitarse si la sociedad como un todo, gana más por la colegiación obligatoria y desde mi punto de vista la sociedad sí gana más si el colegio profesional ejecuta el control de la práctica profesional y si este control es esencial para la salud, el bienestar y seguridad pública. Esto es, se sacrifica el derecho individual de libre asociación y se prioriza el derecho social de ser protegida de actos de los profesionales que puedan poner en peligro a la sociedad.
Ahora bien, los colegios profesionales no son organizaciones políticas, pero en Guatemala algunos colegios se han politizado. Ese es un error de diseño constitucional y emerge, en el caso del Colegio de Abogados y Notarios, cuando el colegio fue incluido como parte de las comisiones de postulación, proceso que a la larga terminó corrompiendo al mismo proceso de postulación de altas cortes, sino recuerde el caso del Rey del Tenis o de Estuardo Gálvez, exrector de San Carlos y convicto. En el caso del Colegio de Ingenieros su politización no le permite ejercer control honesto sobre la práctica de la ingeniería de tal forma que, en el colapso de la obra civil, que en general es resultado de corrupción e incapacidad, el colegio no dice ni pío, tampoco lo dice cuando se ha documentado de la existencias de empresas de cartón o de la influencia de los monopolios en la obra civil descuartizada.
Para el enorme problema que se tiene en el kilómetro 44 de la carretera Palín Escuintla donde se produjo un socavón, como en los casos de infraestructura que afectan a la sociedad, o el caso del aeropuerto la Aurora, o el caso del Puerto Quetzal, o cualquier caso importante, no han dicho nada, nada de nada. Así que habría que preguntarse cuál es la función social real de dicho colegio.
Mientras nos animamos a construir un país más democrático, debemos preguntar sobre la funciones sociales de las diferentes instituciones, cooptadas o no, para poder fortalecer las propuestas de mejora de vida de todas y todos los guatemaltecos, especialmente los más vulnerables. ¿Qué habrá que cambiar en los colegios profesionales para que sean instituciones que apoyen los procesos de mejora de la calidad de vida de las y los guatemaltecos?
