Creemos que el Ministerio Público (MP) tiene no solo el derecho sino la muy gorda obligación de investigar la posible comisión de cualquier tipo de delitos, actuaciones que se tienen que realizar con transparencia y sin dobles intenciones. En el caso de la anunciada intención de decretar una “intervención” en Puerto Quetzal, luego de la decisión de las Cortes sobre la Terminal de Contenedores, no se puede dejar de pensar en cuáles puedan ser las intenciones de Consuelo Porras al movilizarse tras una de las tantas “denuncias anónimas” que han dado lugar a sus polémicas acciones.
La intervención decretada en el año 2016, luego de las conversaciones entre Jimmy Morales, el MP, la CICIG y la enviada de ATM Terminals, fue seriamente criticada por La Hora porque los investigadores asumieron roles que no les correspondía. Las medidas que pudieron haber dado una salida no venían de la empresa llamada a hacerlas, toda vez que compró sin reparar legalmente sobre la figura y el soborno a Pérez Molina y Baldetti. Era conveniente y sigue siendo una reparación al Estado, pero también ya se han hecho inversiones que no se pueden obviar.
El tema portuario es crítico para el país y obviamente es indispensable encontrar una solución para que Puerto Quetzal no se quede sin poder procesar los contenedores que llegan con mercancía vital no solo para la economía nacional sino para el abastecimiento de los consumidores. En ese sentido el gobierno y la Empresa Portuaria Quetzal tienen que implementar las acciones que, dentro del marco de la ley, permitan continuar la operación, papel en el que el Ministerio Público no puede jugar ningún rol porque no cabe, en absoluto, la figura de la intervención más que con fines de mantener una auditoría de la forma en que se procede.
Lamentablemente ha quedado más que demostrado que el Ministerio Público no opera simplemente en el marco de la ley sino que responde a los acuerdos que se hicieron cuando, tras un proceso amañado, terminaron confirmando en su cargo a Consuelo Porras como Fiscal General. La mejor prueba son los seis meses que han pasado sin que se haga la menor investigación a los negocios ocurridos durante el gobierno de Giammattei, donde el Jefe de Jefes amasó una inmensa fortuna. Y absolutamente nada se ha hecho para investigar, como le corresponde y es su obligación, según la ley, ese tipo de trinquetes que afectaron tan seriamente a la población guatemalteca.
El caso de la Portuaria es una seria responsabilidad heredada al gobierno de Arévalo y ahora corresponde encontrar soluciones que nos dejen en una posición para avanzar, no para retroceder. Al Gobierno le corresponde garantizar la continuidad de las operaciones sin avalar las suciedades que dieron origen a la Terminal de Contenedores y por eso creemos que la reparación es importante, así como buscar certeza para las inversiones. Pero la mano peluda que ya aparece crea justificados recelos por la forma selectiva de implementar la “justicia”.
