Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) dieron a conocer este 12 de julio sobre la presentación de una querella en el Organismo Judicial (OJ) en contra de dos personas que laboraban en el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines de dicha cartera durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei. Un tercer señalado, que aún labora ahí, pero que se encuentra en un proceso administrativo de despido.
La querella penal fue interpuesta por el Viceministro de Salud, César Conde Pereira, por presuntas irregularidades en la autorización del registro sanitario para la comercialización de medicamento Remdesivir para el tratamiento del COVID-19 a la empresa Aviv Farmacéutica, vinculada a la pareja de Giammattei, Miguel Martínez.
EL ENTRAMADO Y SEÑALAMIENTO
Los extrabajadores denunciados son Javier de Jesús Muñoz Bonifaz, evaluador profesional de autorizaciones sanitarias, Beatriz Eugenia Batres Rivera, coordinadora de autorizaciones sanitarias y Leslie Lorena Samayoa Jeréz Hermosilla, jefa del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos, quienes ocuparon esos cargos durante el 2020 y 2021.
De acuerdo con la cartera de Salud, los tres encargados tenían contratos 011 —empleados que reciben un salario mensual y tienen acceso a todas las prestaciones de ley—. Además, Muñoz Bonifaz aún labora en dicho ministerio, pero las autoridades tienen abierto un proceso de despido.
Por medio de un comunicado de prensa, Salud informó que durante la emergencia del coronavirus, al menos cuatro empresas solicitaron la autorización de un registro sanitario para comercializar el fármaco Remdesivir; sin embargo, solamente una lo obtuvo y de esa cuenta se le dio la condición de “proveedor único durante un año”.
📌 Salud denuncia a encargados de registro sanitario a Aviv Farmacéutica
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— Diario La Hora (@lahoragt) July 13, 2024
La firma beneficiada fue Aviv Farmacéutica, vinculada con La Botica, otra de las compañías señaladas de obtener contratos millonarios durante la cuestionada gestión del Giammattei y Martínez, ambos sancionados por EE. UU. por recibir sobornos y pagos irregulares. Los dos están vetados del país norteamericano.
El documento detalla que la autorización fue otorgada de forma anómala, lo que permitió “la distribución y venta del Remdesivir por parte del proveedor, durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19, principalmente al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, (IGSS), y al MSPAS».
«Convirtiéndolo en el único con registro sanitario autorizado del 9 de julio de 2020 al 3 de junio de 2021, por lo que la empresa logró ingresos millonarios por ventas a esas instituciones públicas, según información que consta en el Portal de Guatecompras”, subrayó el comunicado.
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UN REGISTRO SANITARIO EXPRÉS
La Hora tuvo acceso a la querella penal. Esta relata que en el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos se presentó la solicitud del nuevo registro sanitario con fecha 7 de julio del 2020 por la entidad Aviv Farmacéutica, a través de su representante legal Alejandro de Dios Nájera para el producto Desrem.
Sin embargo, dos días después «sin haber cumplido con la totalidad de requisitos» le dan dictamen favorable a la empresa y le otorgan el número de registro sanitario PF-58381.
En la denuncia el viceministra mencionó que se pudo determinar que el evaluador no cumplió con la normativa vigente, en virtud que obvió en las declaraciones juradas de compromiso de presentar certificado de venta libre, de producto farmacéutico y de buenas prácticas de manufactura.
Además, la monografía y metodología validada fue en inglés y debía presentarse en español.
“En conclusión, el registro sanitario no debió otorgarse previo a la nota de revisión 1 y fue otorgado en dos días, del 7 al 9 de julio de 2020 y entregado al usuario en siete días, el 14 de julio de 2020”, sostiene la querella.
LAS EMPRESAS NO FAVORECIDAS
En el caso de Cipremi, a quien no se le otorgó el registro sanitario, así como a la droguería Profon S.A. el evaluador les solicitó otros requisitos que no aplican para dicho registro y los que requerían no los solicitó.
El producto de dicha empresa no fue inscrito y “podría imputarse al hecho que le fueron solicitados requisitos que no se encontraban establecidos conforme la ley y/o posiblemente para favorecer a la entidad Aviv Farmacéutica, y que no fue registrado otro producto de Remdesivir que pudiera comercializarse en el mercado”.
Por otra parte, la droguería Pharmoz ingresó solicitud con fecha 6 de octubre de 2021 y, según la denuncia, se generaron tres notas de revisión en las cuales no hay unificación de criterios y fue dada de baja.
De la misma manera, en el presente caso se solicitaron requisitos que no estaban establecidos en ley.
UN ASCENSO QUE APUNTA A GIAMMATTEI
En la denuncia se lee que las autoridades creen que “se hace muy sospechoso» que posteriormente al registro del producto que benefició a la farmacéutica fueron promovidos los tres denunciados.
En el caso de Javier Muñoz fue nombrado como jefe del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos Afines, a través de un acuerdo ministerial.
Mientras que por medio de un acuerdo gubernativo el exmandatario Alejandro Giammattei nombró como viceministra a Leslie Samayoa de Hermosilla, quien era la jefa del departamento antes mencionado.
La denuncia no abarca al expresidente Giammattei, sin embargo, refiere que el Ministerio Público (MP), que dirige María Consuelo Porras, debe perseguir penalmente a terceros que resulten responsables.
De acuerdo con la querella, los delitos por los que busca se abra una persecución penal son abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
LA PUBLICACIÓN DE LA HORA
El pasado 24 de junio, una publicación de La Hora ya había evidenciado el favoritismo que tuvo Aviv Farmacéutica para la comercialización y distribución de dicho fármaco durante la pandemia del coronavirus.
“Dos farmacéuticas, un abogado y las transacciones sospechosas que los une con La Botica”, fue el titular del reportaje que detalla el engranaje de dichas compañías.
La farmacéutica La Botica también saltó a la vista pública luego de que este diario revelara los vínculos que tiene con Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno, por su amistad con Jairo Ernesto Ponce Fernández, hermano de Dorian Fabián Ponce Fernández, presidente del Consejo de Administración de La Botica.
Esa amistad, incluso, llevó al Gobierno a bautizar un puente en el departamento de Sacatepéquez con su apodo.
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El listado de empresas con transacciones sospechosas al cual tuvo acceso La Hora también vincula con La Botica, entre otros, a Aviv Farmacéutica, S. A., otra compañía que tuvo millonarios contratos en los cuatro años de Giammattei, aunque su principal cliente fue el IGSS.
DOS OPERADORES PARA TODAS
El abogado y notario Diego Santamarina Cárdenas fue quien constituyó a la empresa Aviv. De igual forma a la entidad comercial Aria Pharmaceutical Group, S. A. que también resultó beneficiada con contratos millonarios por ventas al Estado.
Además, según datos del Registro Mercantil, las compañías tienen al mismo administrador único, Alejandro de Dios Nájera, y la misma dirección Calzada Atanasio Tzul 22-00, zona 12, Centro Empresarial Cortijo 2, Bodega 409.
Las empresas comparten el mismo objeto de su creación que es la compra, venta, importación, exportación, comercialización, maquila y cualquier otro tipo de actividad comercial o industrial relacionada con la industria farmacéutica y con productos médicos, según documentos del Registro Mercantil.
De acuerdo con información de Guatecompras, Aviv Farmacéutica obtuvo adjudicaciones para el estado por más de Q207 millones de 2020 a 2023. La entidad que más la benefició con adjudicaciones fue el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Una nota periodística del medio Nómada, señaló que durante la pandemia del COVID-19 el seguro social publicó el concurso 12966290 para comprar 21 mil 849 unidades de Remdesivir, medicamento para tratar casos graves de coronavirus, pero Aviv fue la única que tenía registro sanitario, en ese momento, para venderlo.
Por otra parte, según la información de Guatecompras, Aria Pharmaceutical Group, empezó a obtener contratos millonarios desde el 2020, año en el cual asumió la presidencia Giammattei.
Los datos detallan que del 2020 al 2023 le fueron adjudicados Q381.7 millones y más del 95% de las adjudicaciones fueron por parte del IGSS, quien se convirtió en su mejor cliente.
Dos farmacéuticas, un abogado y las transacciones sospechosas que los une con La Botica
Con información de Diego España
