Félix Loarca Guzmán

El jurista colombiano Iván Velásquez, Director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que funciona bajo el auspicio de la Organización de Naciones Unidas, ONU, anunció ayer una propuesta destinada a la creación de un impuesto temporal, para apoyar al sector justicia en la lucha en contra de la impunidad.

La iniciativa se orienta a gravar con un tributo extraordinario el patrimonio de los grandes empresarios. Los recursos estarían destinados a financiar especialmente las actividades de investigación criminal que llevan a cabo los Fiscales del Ministerio Público.

Sin embargo, la sugerencia no fue bien recibida en los círculos de la poderosa empresa privada, de entidades dedicadas a la investigación social, ni de importantes sectores de la ciudadanía.

El argumento es que este no es el momento adecuado para promover nuevas cargas de impuestos, pues la moral tributaria de los guatemaltecos está muy afectada luego de los escándalos de corrupción en las altas esferas del Gobierno de la República, en los cuales resultaron involucrados el Presidente Otto Pérez Molina y la Vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes ahora guardan prisión preventiva por esos hechos.

Pero adicionalmente, existe mucho desencanto entre la población por los asombrosos despilfarros en las instituciones del Estado, entre ellas las Cortes de Justicia, en las cuales los Magistrados tienen asignados sueldos y gastos faraónicos de representación.

El pasado 3 de noviembre, el Diario Prensa Libre, publicó un amplio reportaje firmado por la periodista Glenda Sánchez, en el cual revela que a pesar de las constantes quejas de los funcionarios del Organismo Judicial por la supuesta falta de fondos, entre enero y septiembre del presente año, la Corte Suprema de Justicia erogó más de 688 mil quetzales para financiar 38 viajes al extranjero de Jueces y Magistrados, algunos de ellos acompañados de agentes de seguridad.

El reportaje señala por ejemplo, que un Magistrado y una Magistrada de la Corte Suprema, gastaron más de 177 mil quetzales en viajes a Suiza, Nicaragua y Estados Unidos.

Mientras en Guatemala no exista una verdadera política de transparencia, y supresión de gastos superfluos, será difícil convencer a los ciudadanos a que paguen más impuestos.

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