Foto: José Orozco/La Hora.
Foto: José Orozco/La Hora.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), informó que luego de un proceso de resolución de conflictos con la empresa Tecnologías Smart Home, S.A., se ha acordado una fecha límite para la instalación de las gradas y elevadores del Aeropuerto Internacional La Aurora, la cual quedó establecida en el 31 de octubre.

Según la cartera, estos esfuerzos corresponden a las acciones de recuperación del Aeropuerto Internacional La Aurora, también se han realizado acciones legales para concluir las instalaciones de gradas y elevadores.

«Queremos minimizar el impacto sobre los usuarios del aeropuerto de una negociación mal conducida por el gobierno anterior», se lee en el comunicado.

NUEVO PLAN DE TRABAJO

Asimismo, CIV informó que en el marco del proceso administrativo y tras siete meses de incumplimiento, la DGAC condujo una resolución de conflictos por la vía directa con la empresa Tecnologías Smart Home, S.A., la que será responsable de la instalación de los elevadores de pasajeros y carga y de las escaleras eléctricas en la terminal aérea.

Como resultado de dicho proceso, ambas partes acordaron un «plan de trabajo» para la instalación de los nuevos equipos, los cuales deben ser colocados y en operación a más tardar, el 31 de octubre del año en curso.

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

Además, la cartera destacó que previo a la instalación, Tecnologías Smart Home, S.A. debe cumplir puntualmente con las siguientes actividades:

Retirar todo el equipo que no corresponde a las instalaciones del Aeropuerto.

Realizar una visita técnica de la DGAC y de la empresa de Tecnologías Smart Home, S.A., con el fin de verificar que el equipo que será instalado cumpla con las características técnicas y medidas de las áreas donde funcionará.

Presentación a cargo de la empresa a la DGAC del plan de instalación de todo el equipo, incluyendo la reparación de daños y el cumplimiento de garantías.

Yesica Peña
Periodista con el deber ético de convencer al ciudadano de que necesita informarse correctamente.
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