Bernardo Arévalo ha dado varias oportunidades a la CC para aplicar correctamente la ley y respaldar la remoción de la Fiscal General; pero este órgano ha preferido ampararla y apoyarla. Es evidente que cualquier acción legal será impedida, en uso de un superpoder que no debe existir en la Constitución y las leyes. Cuando una situación así se da, por maligno concubinato del MP y la CC, se hace ineludible tomar enérgicas medidas políticas. Estas medidas son, primera, la remoción inmediata de Consuelo Porras por múltiples motivos -incluidos los varios intentos de golpe de Estado, incumplimiento de deberes como Fiscal General y protección de criminales y corruptos- y, segunda, el no acatamiento de decisiones de la CC que promuevan la impunidad de las mafias criminales y corruptas que pululan en el Estado. Nadie está obligado a obedecer mandatos inmorales y contrarios al bien del país, como es el secuestro del sistema de justicia.
Las medidas políticas, con respaldo de la ciudadanía, son la única forma de cortar el nudo gordiano en el sistema de justicia, capturado por las mafias a lo largo de doce años. No es el primer caso en Guatemala. La firma de la paz para terminar el Conflicto Armado Interno no se hubiera logrado jamás si las entidades de justicia se hubiesen opuesto a eliminar los delitos cometidos por las fuerzas guerrilleras, bajo el criterio legalista de que la Constitución así lo indicaba y que las normas del código penal exigían sanciones contra las acciones insurgentes, hasta por complotar. La medida política fue la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera que superó las barreras constitucionales y legales. El bien del país obligó a que la “legalidad” se hiciera atrás, para dar paso a las soluciones políticas.
El sustento legal para tomar hoy las necesarias acciones políticas existe en abundancia, siendo el más importante la potestad otorgada por la Constitución al Presidente para remover a la Fiscal General por causa justificada. A ella la ciudadanía le ha pedido la renuncia reiteradamente y de múltiples formas, porque ha pervertido las funciones del MP, al perseguir a gente honesta, por venganza y revancha, y al otorgar inmunidad e impunidad a criminales y corruptos. La población vivió en la zozobra de si se respetaría o no la voluntad expresada en las urnas, porque Consuelo Porras no dejó de tomar medidas legales e ilegales -como los ataques perversos contra el TSE y el partido Semilla- para impedir la toma de posesión de Arévalo y Herrera. Solamente la presencia de las Autoridades Ancestrales enfrente de la sede del MP, luego de paralizar el país y asustar a la clase dominante, como acertada medida política, le amarró las manos temporalmente. Hoy, esas maquinaciones continúan y el deber ciudadano es impedir que se cometa un delito grave: el derrocamiento del legítimo gobierno democrático. La población está decidida a actuar con fuerza y deshabilitar a la CC, en la que no se cree; pero el paso inicial es del Presidente: remover a la Fiscal General por liderar ella un proceso de rebeldía y sedición, así como por sus reiterados abusos y delitos.
