Mingob aisló a pandilleros del barrio 18, pero reconoce falta de ley y pide regular

El pasado fin de semana, el Ministerio de Gobernación realizó una serie de operativos y requisas que concluyó con el aislamiento de cuatro líderes de la denominada «Rueda del Barrio 18», entre quienes estaba Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias «el Lobo». Lo anterior tras ubicar fallecido a «Farruko Pop»

Sin embargo, a decir del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, estas acciones son solo de carácter administrativo. «Digamos que el aislamiento no tiene ninguna incidencia directa sobre la investigación del caso», respondió el ministro tras cuestionársele sobre si habría funcionado la separación de los reos tras creer que estos podrían haber tenido alguna vinculación con la muerte de Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop.

Jiménez afirmó que el aislamiento de los pandilleros tiene como objetivo minimizar el área de acción de los líderes de la pandilla Barrio 18, pero que las acciones no son suficientes.

«Lo que sucede es que no tenemos, porque la ley no lo contempla, una reglamentación específica sobre el tema de qué significa poner a alguien en un régimen de aislamiento, necesitamos un régimen de aislamiento», puntualizó el jefe de la cartera del interior.

Según explicó, las medidas únicamente son administrativas y no pueden aplicarse de forma permanente, es decir, en determinado tiempo estos deberán ser retornados a las cárceles con los demás reos y se les debe permitir, una vez más, recibir visitas.

VISITAS INGRESAN ILÍCITOS

Con cada requisa, los resultados arrojan la incautación de droga, celulares, chips, cargadores, entre otros objetos que se tipifican como ilícitos para estar dentro de un centro de reclusión.

«El cuerpo humano de las visitas, en gran medida, a veces es utilizado como depósito de ingreso de ilícitos», afirmó Jiménez, al relatar que a través de estos se han detectado la entrada de armas, teléfonos, y hasta una granada.

El ministro indicó que uno de los problemas es que no hay suficiente personal para atender el Sistema Penitenciario (SP), pues se cuenta con 6,500 plazas para atender a una población reclusa de más de 22 mil personas, sin contar las visitas que acuden a ver a sus familiares.

En noviembre de 2017, el SP puso a funcionar ocho aparatos de escaneo, con la finalidad de regular el ingreso de ilícitos a las cárceles, siendo este un proyecto con un valor de Q13 millones financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ocho años después de su implementación, estos ya no funcionan. «No podemos hacer una revisión intrusiva, no podemos introducirnos al cuerpo de las personas» señaló el ministro, que manifestó que la única herramienta para realizarlo, es la tecnología.

«Se habían obsequiado por parte de cooperación cinco escáner y los arruinaron entonces necesitamos comprar otros», recalcó.

Finalmente, Jiménez indicó que se hace necesario hablar con el Congreso para que por su medio se pueda crear una normativa para regular estos aspectos.