Tras escuchar la petición de la defensa del tercer grupo de acusados en el caso Toma de la USAC: Botín Político, que invocó el principio de igualdad al solicitar la suspensión de la audiencia de este martes 7 de mayo, y reprogramar la diligencia en la que se decidirá ligar o no a proceso penal a los cuatro imputados por toma de la universidad estatal, el juez Décimo Penal A, Víctor Cruz, suspendió la audiencia.
La decisión del juzgador Víctor Cruz se dio, luego de que el abogado defensor del sindicado Helmer Velásquez, Juan Jeremías Castro Simón, solicitara la reprogramación a fin de iniciar con el tiempo suficiente la argumentación de la defensa ante los indicios presentados por el Ministerio Público (MP).
Castro Simón, señaló que el ente investigador tuvo siete audiencias, desde el 19 de marzo a la fecha para llegar a la posibilidad de «aterrizar» en el planteamiento de ligar a proceso a los cuatro imputados en este grupo.
Dijo que con base al principio de igualdad, la defensa de los sindicados necesita el tiempo suficiente para presentar su argumentación y ejercer el derecho de defensa que le es propio a cada uno de los señalados.
«Necesitamos hacer una defensa responsable. El MP ha referido cerca de 400 indicios sobre los cuales debemos pronunciarnos, por lo que solicitamos que se reprograme esta audiencia para el próximo jueves 9 de mayo», apuntó.
La audiencia en la que se decidirá si son ligados o no a proceso penal fue fijada para el jueves 9 de mayo, a partir de las 14:00 horas.
Los cuatro imputados, en este tercer grupo, son señalados por el MP de la comisión de los delitos de asociación ilícita, sedición, depredación de bienes culturales y usurpación agravada.
AUDIENCIA
Previo a conocer la solicitud de la defensa para la reprogramación de esta audiencia, el MP, a través del fiscal Saúl Sánchez, de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, reiteró las razones por las que se considera que los cuatro imputados tuvieron participación directa en la toma de la Universidad de San Carlos, en mayo de 2022.
En su argumentación, Sánchez hizo alusión del porqué Marco Vinicio de la Rosa Mazariegos, Julio Antonio Arreaga Solares, Engelberth Blanco y Helmer Velásquez son sindicados de haber participado en los hechos que desbordaron en daños a la universidad estatal, durante la toma de sus instalaciones por más de un año.
En el caso de De la Rosa Mazariegos, el fiscal señaló que existe evidencia telefónica que demuestra que estuvo dentro de la USAC la mayoría de tiempo en que se dio la ocupación.
En cuanto a la declaración que hiciera Arreaga Solares, al indicar que él no estuvo presente en los hechos de forma permanente, sino que su presencia fue de forma accidental, ya que pasó por el lugar, Sánchez aseguró que él admitió apoyar la candidatura a la rectoría de Jordán Rodas, de la agrupación S.O.S USAC.
Mientras que, en relación a la vinculación de Blanco, el fiscal dijo contar con la evidencia que supuestamente comprueba que el sindicado participa con el Grupo Tejido, el cual es liderado por Kenia Urrutia, agrupación que esta señalada de la toma de la USAC.
En el caso de Velásquez, Sánchez indicó que este participó directamente en una conferencia de prensa que fue ofrecida por los grupos que ocuparon esta casa de estudios superiores.
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FISCAL OFRECE EXPLICACIÓN
En el caso del por qué se dice que la toma de la USAC fue una condición política para llegar al poder, el fiscal encargado de la investigación señaló que la ocupación tuvo como fin el apoyo a cuatro partidos políticos en la pasada contienda electoral 2023.
Dijo que una muestra de ello, es el cargo que actualmente ostenta Marcela Blanco, una las acusadas en este caso y que fuera ligada a proceso como parte del primer grupo, ya que se encuentra en el Ministerio de Educación (Mineduc).
Explicó que igual situación sucede con Eduardo Velásquez, a quien a pesar de que junto a Blanco aún están pendientes de dilucidar su situación jurídica en este caso, supuestamente se le vio proponiendo candidatos a gobernador en el departamento de Chiquimula.
Sánchez dijo contar como resultado que se pueden contabilizar en el referido proceso, ya que desde un inicio se giraron 27 órdenes de aprehensión, han sido ligados a proceso 10 imputados y aún están pendientes 4 de este tercer grupo, y existen más de 420 fotografías de la Dirección de Investigación Criminalísticas (DICRI), del MP que dan cuenta de los daños ocasionados en la USAC.
IMPUTACIÓN
En la audiencia del 16 de abril, la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, señaló a los cuatro imputados de haber tenido participación directa en la toma de la Universidad de San Carlos en protesta por la elección de Walter Mazariegos como rector de esta casa de estudios.
En su argumentación, el fiscal Sánchez aseguró que la implicación de los cuatro sindicados se dio por una denuncia de fecha 10 de julio de 2023, interpuesta por parte de la USAC.
La denuncia mencionada por el MP también incluye al resto de personas, el ente investigador afirma que en ella se fundamenta el cierre, por más de un año de la USAC, cuya ocupación finalizó el 9 de julio de 2023.
En la investigación iniciada por el MP, se tomó la declaración de algunas personas que identificaron a quienes tomaron las instalaciones de la universidad estatal.
Además, como medios de prueba, durante la audiencia, el fiscal presentó un video en el que, según él, se nota la presencia de algunos de los implicados.
EL CASO
La Fiscalía de Delitos Patrimoniales acusa a los señalados de supuestamente haber participado en la toma de la Universidad por más de un año con el fin de promover su imagen política y causar daños a las instalaciones.
La toma de la USAC se dio luego de que el actual rector, Walter Mazariegos obtuviera la victoria del proceso electoral, el cual fue señalado de fraudulento, pues no se permitió el ingreso de la totalidad de los cuerpos electores.
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