En la Política General de Gobierno – elaborada por SEGEPLAN para el gobierno del presidente Arévalo – se dice que “una visión estratégica para cuidar la naturaleza implica un cambio radical en como interactuamos con nuestro entorno, pasando de una economía que extrae y agota los recursos naturales a una que los regenera y los utiliza sosteniblemente” agregando que se “requiere un enfoque integral que priorice acciones concretas para restaurar, preservar y gestionar de manera sostenible los recursos hídricos, los bosques y los suelos”. Para llevar a dicha visión estratégica se propone la utilización de una metodología holística y multidisciplinaria “que integre la conservación de los recursos naturales con el desarrollo socioeconómico sostenible”. Además, en el Plan de Gobierno 2024-2028 de Semilla se dice que hay que transitar de una economía extractiva a “una economía basada en la producción regenerativa, limpia y circular, consecuente con la necesidad de frenar el cambio climático, que preserva la biodiversidad y la integridad de los paisajes naturales, y es positiva para la naturaleza y a la vez genera oportunidades para emprendimientos comunitarios”.
De manera que estos buenos propósitos para cuidar la naturaleza deberían como mínimo permitir el inicio de un proceso que asegure el tránsito de una economía extractivista depredadora de la naturaleza – algo que predomina en Guatemala desde tiempos de la colonia – a una economía circular basada en el desarrollo sostenible, el cual consiste esencialmente en políticas que articulan las decisiones de gobierno con los ecosistemas naturales así como con las distintas políticas sociales y económicas que pone en marcha el poder ejecutivo. Y naturalmente, así entendido el desarrollo sostenible debería ser también una guía para mitigar y adaptarnos al cambio climático así como a un nuevo estilo de producción que utilice principalmente energía proveniente de fuentes renovables que deberían orientar una economía circular que permita el reciclaje de todo lo que se produce e intercambia en el mercado, imponiendo la obligación – tanto a las municipalidades como al sector privado – de construir plantas procesadores de aguas servidas, desechos sólidos (que ya no tendrán prórrogas para su instalación como fue anunciado por el MARN) así como eliminando plásticos en concordancia con la Campaña Mundial de Eliminación de Plásticos de los Océanos lanzada el 23 de febrero pasado en Bali (Indonesia) por Naciones Unidas bajo el lema “Mares limpios ¡cambia la marea del plástico!” . Los productos plásticos desechados, como sabemos, no sólo generan el 90% de la basura que contamina los océanos, sino que causa graves daños a la salud humana debido a que los micro plásticos ingeridos por los peces terminan en nuestros alimentos cotidianos.
Traemos todo esto a relación porque en una notable reunión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República celebrada la semana pasada (Orlando Blanco la preside, pero también estuvo presente Carlos Barreda) y en la cual participó Patricia Orantes, nueva titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la ministra fue enfática al mencionar la importancia de que, durante su gestión, sea aplicado con transparencia el principio de precaución y prevención en todas las políticas que aplicará el MARN en el futuro, subrayando el hecho que durante anteriores administraciones el Ministerio, lamentablemente, dejó de orientarse por este principio convirtiéndose en una especie de “maquila de licencias ambientales” debido a los opacos (y muy probablemente corruptos) procesos administrativos, algo que se pudo comprobar en la forma que se llevó a cabo la obscura autorización de operaciones de minería a cielo abierto del pasado 9 de enero otorgada a. una minera canadiense que opera en Cerro Blanco (Jutiapa) en la cual se comprobó la existencia de firmas y sellos falsos – entre otras anomalías – que ya dieron paso a la presentación de las denuncias penales correspondientes. Por cierto, en esta reunión de la comisión parlamentaria de energía y minas también estuvieron presentes el ministro del ramo Víctor Ventura, la viceministra de Relaciones Exteriores Mónica Bolaños, el señor Edgar Arturo Ramírez en representación de Asunción Mita (quien se refirió con admirable elocuencia a los problemas que las mineras han provocado a la comunidad miteca), y Carlos Hernández, diputado salvadoreño ante el PARLACEN quien hizo formal entrega de la resolución de ese organismo regional en la que se rechaza categóricamente las operaciones de la minera debido a la contaminación que provocará no solo en las aguas del lago de Güija (compartido por nuestros dos países) sino también en el río Ostua, afluente del río Lempa que, como sabemos, provee de agua a la capital salvadoreña.
Por su parte el diputado Carlos Barreda recordó que la resolución del PARLACEN ya es de conocimiento de los presidentes Arévalo y Bukele y que también será llevada al organismo legislativo del hermano país con el propósito que sean ellos quienes propongan a Guatemala la suscripción de un tratado binacional que proteja los recursos hídricos de ambos países. La resolución del PARLACEN fue aprobada por 89 votos y Barreda fue contundente al señalar que la decisión de aprobar este proyecto de minería a cielo abierto por las anteriores autoridades del MARN no solo fue absolutamente ilegal, sino que además va en contra de la consulta popular celebrada en Asunción Mita en la cual unos 8,000 ciudadanos de esa comunidad jutiapaneca se opusieron a ella. Barreda mencionó también que la minera espera obtener 1,800 millones de dólares con las exportaciones de oro, de los cuales Guatemala solo obtendría 18 millones repartidos entre 9 millones del fondo común estatal y otros 9 para la municipalidad de Asunción Mita. Una miseria. De modo que como reconoció el propio presidente del Congreso Nery Rodas – quién también estuvo presente y es representante por Jutiapa – dijo con toda claridad que se trata de un proyecto que perjudica los intereses nacionales lo cual, junto a su inconveniencia desde el punto de vista ambiental y socio-económico certifica su insostenibilidad, además de exponernos a una demanda del gobierno salvadoreño por riesgos transfronterizos, siendo evidente que lo que procede es denegar en definitiva dicha autorización. Por si lo anterior fuera poco, la propia ministra Orantes, quien tiene a su cargo la coordinación de una mesa técnica en la que participan tanto el MEM como el MINEX, hizo ver que el MARN también carece en la actualidad de la capacidad institucional para monitorear adecuadamente la minería metálica, algo que ya de por sí justificaría plenamente la conveniencia nacional de declarar una moratoria nacional en materia de actividades de extracción minera de toda índole, como ya fue hecho por el MEM en lo concerniente a petróleo e hidrocarburos, pues no se renovó el contrato con PERENCO, dado que tal explotación perjudicaría la reserva de la biosfera maya y parques nacionales de la zona.
Por otra parte, dentro de las prioridades del MARN se encuentra también la de tomar decisiones que contribuyan a disminuir drásticamente la contaminación del río Motagua, no solo por la monstruosa contaminación actualmente detenida en parte gracias a la malla colocada por la ONG internacional Ocean Clean Up, sino también por los claros riesgos transfronterizos con Honduras en la Bahía de Omoa. Promover la emisión de una ley que regule los recursos hídricos – que conforme a disposiciones constitucionales debió haberse promulgado desde hace más de tres décadas – obligando a las municipalidades ribereñas del Motagua (incluyendo las principales responsables de en nuestra zona conurbada metropolitana) a actuar en consecuencia es otra de las grandes tareas que tiene frente a sí el Ministerio. Estamos seguros que las autoridades actuales sabrán enfrentar apropiadamente estos retos y hacemos votos porque sea uno de los mayores y mejores logros de la administración del presidente Bernardo Arévalo.
