En el juzgado de extinción de dominio presidido por el juez Marco Antonio Villeda, se escuchó la declaración de dos testigos que hicieron una auditoría especial dentro del caso que se sigue contra el exsuperintendente de Administración Tributaria (SAT), y excontralor General de Cuentas, Marco Tulio Abadío.
En esta audiencia, resaltó el cuestionamiento que la defensa de Abadío formuló a los dos testigos sobre el procedimiento interno que hace la SAT para respaldar la prestación de servicios.
El MP solicitó que Q34 millones de saldos congelados en cuentas bancarias del excontralor y exsuperintendente de la SAT, pasen al Estado, a través del procedimiento de extinción de dominio.
CUESTIONAN FORMULARIO
Durante el interrogatorio, en el que se formularon preguntas con relación a 79 contratos examinados durante la auditoría, la defensa reparó en establecer si el formulario 1H, que es la constancia de ingreso a almacén y a inventario, debe ser congruente con la prestación de algún servicio.
Además cuestionó que, según lo expuesto por uno de los testigos que realizó la auditoría especial, dejó claro que no existe un procedimiento para dar certeza sobre la prestación de un servicio, sino es criterio del auditor que puede adjuntar, si existieran fotografías del bien prestado.
Otro de los testigos hizo referencia a que 78 de los 79 documentos que se mencionan en el informe de auditoría realizado por un monto de más de Q40 millones, al parecer no contaban con lista de oferentes como lo establece la Ley de Contrataciones, en los años 2002-2004.
Agregó que tampoco se pudo comprobar el ingreso y salida de almacén, por lo que no se estableció si los servicios fueron prestados o no.
Ante esto, la defensa de Abadío pidió al testigo que le definiera qué diferencia existe entre el formulario 1H y la carta de aceptación de servicio, a lo cual éste respondió que mientras la primera es el cumplimiento de un procedimiento establecido por Contraloría, el otro es una fórmula práctica de cumplimiento de las entidades.
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EMBARGO
El embargo de los Q34 millones se dio luego de que el Juzgado de Extinción de Dominio lo decretara en octubre de 2018, no solo contra Abadio, sino también a su hijo Junior Vinicio Abadío Carrillo.
Según la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, el monto referido proviene de transferencias que el exsuperintendente realizó desde cuentas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a dos bancos, las cuales fueron consideradas sospechosas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
La argumentación del MP da cuenta de que el movimiento de dinero empezó darse en el 2002 y 2004 hacia cuentas bancarias de una empresa de su propiedad.
SENTENCIA SUSPENDIDA
Abadío Molina fue condenado en 2007, por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, a 30 años y seis meses de prisión por los delitos de concusión, fraude y lavado de dinero u otros activos por lo que se consideró «desfalco» millonario a la SAT.
Pero, en abril de 2018, recuperó su libertad, luego de que le fuera otorgada, por un juez de Ejecución Penal, una redención de la pena.
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