La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, acudió a una citación en el Congreso de la República que se desarrolló este miércoles 24 de abril, y sugirió la necesidad de que la Ley de Minería sea reformada.
Orantes fue abordada por la licencia de Cerro Blanco y explicó que esta es para la explotación a cielo abierto y se dio el 9 de enero.
«Eso es una alerta roja», puntualizó, y explico que esta se dio cinco días antes del vencimiento del período que da la ley para que cualquiera pudiera presentar una objeción de cómo se dio la autorización.
«El 14 de enero ya no podíamos hacer nada legalmente, pero haciendo una auditoría interna se vio que todo el proceso para autorizar esa licencia del 9 de enero tuvo enormes anomalías que dan vergüenza, firmas y sellos falsificados», detalló la funcionaria, y agregó que hubo folios extraídos.
Debido a esa situación, se presentaron denuncias ante el Ministerio Público (MP) y por eso se está levantando un proceso junto a la Contraloría General de Cuentas, para terminar de auditar y hacer el dictamen correspondiente.
«Asumo que vamos a tener que volver a anular esa licencia», indicó la titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
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Orantes afirmó que, «la Ley de Minería actual es una ley que no resguarda los intereses del pueblo de Guatemala, los recursos mineros son del pueblo de Guatemala y que el Estado solo los ha administrado, y esa ley hay que reformarla».
Ninguno de los ministerios que ven temas de minería tienen la capacidad de entender, regular, sancionar, monitorear a la industria de la minería metálica y por lo tanto de resguardar los intereses de Guatemala.
Agregó que desde su despacho se estará trabajando en una moratoria a nuevas licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minería metálica. También dijo que la minería de materiales de construcción necesita otra ley, porque es una que añade valor, genera empleo y dinamiza la economía.
Los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) le dieron una recomendación al Gobierno de Guatemala para aplicar el principio de precautoriedad, porque existe un alto riesgo de que un proyecto como el de minería a cielo abierto en Jutiapa que pudieran contaminar las aguas que fluyen hacia El Salvador.
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