Solidaridad con las estudiantes de Agronomía y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), quienes, en ejercicio de legítimas libertades y derechos humanos y constitucionales, libertad de pensamiento y expresión, derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas, de reunión y manifestación pacífica, de organización, petición y libre circulación; fueron agredidas físicamente por un grupo de presuntos estudiantes encapuchados. Dirigentes estudiantiles sostienen que los agresores son afines a las autoridades universitarias.
Las estudiantes participaban en una protesta contra las autoridades de esa casa de estudios superiores, porque como es conocido, parte de la comunidad universitaria las acusa de ilegítimas por considerar que usurpan los cargos obtenidos mediante un fraude. Una de las estudiantes, grabó escenas del ataque y el forcejeo que se produjo con los agresores que según se aprecia, con violencia les arrebatan las mantas y pancartas que ellas portaban.
El hecho ocurrió esta semana frente al edificio de Rectoría, el miércoles 17 de los corrientes en presencia del jefe de seguridad y de miembros uniformados del cuerpo de seguridad universitario, quienes no intervinieron para prevenir o impedir el ataque.
A la luz de los derechos humanos analicemos la consecuencia de incidentes de esta naturaleza. Primero, recordar que los derechos humanos nacen para proteger a la sociedad de los abusos del Poder público, que los sujetos violadores por acción u omisión son el Estado y sus agentes y que la violación de los mismos no prescribe ni en el tiempo ni en el espacio.
Segundo, la USAC es la única universidad pública del país, por tanto, las autoridades son servidores públicos o agentes del Estado, en tal condición, de hecho, tienen responsabilidad directa de vulnerar por omisión los citados derechos y libertades fundamentales de las estudiantes agredidas.
Que las autoridades de seguridad interna se abstuvieran de intervenir para evitar el ataque, es un acto de omisión que las coloca como sujetos violadores. Además, si a esto agregamos que las victimas son mujeres violentadas por hombres, también aplica la legislación penal en materia de violencia contra la mujer.
El hecho en sí mismo es una muestra clara de intolerancia, de menosprecio a la dignidad de las personas e irrespeto a las libertades y derechos consignados en la Constitución Política de la República de Guatemala, en las declaraciones, convenios y tratados regionales e internacionales aceptados y ratificados por el Estado.
El video con la denuncia del ataque contra las estudiantes, se conoció a través de las redes sociales casi en tiempo real, más tarde, fue ratificada por organizaciones estudiantiles universitarias y por dirigentes del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la USAC (STUSC). Ambos sectores, estudiantil y sindical condenaron y repudiaron el hecho violento.
La conducta intolerante y déspota que muestran las autoridades de la USAC, debe cesar y enmendarse. Por ahora, tratándose de una omisión cometida por agentes del Estado, corresponde a la institución del Procurador de Derechos Humanos (PDH) intervenir inmediatamente, investigar, deducir responsabilidades y dictar la resolución condenatoria contra quienes resulten comprometidos.
A las estudiantes agraviadas les toca continuar la defensa de libertades y derechos, exigir respeto a su dignidad de personas y de mujeres, la garantía de no repetición, castigo a los agresores y violadores de derechos humanos y cese a la represión contra la comunidad universitaria.
