Alfonso Mata

alfmata@hotmail.com

Médico y cirujano, con estudios de maestría en salud publica en Harvard University y de Nutrición y metabolismo en Instituto Nacional de la Nutrición “Salvador Zubirán” México. Docente en universidad: Mesoamericana, Rafael Landívar y profesor invitado en México y Costa Rica. Asesoría en Salud y Nutrición en: Guatemala, México, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica. Investigador asociado en INCAP, Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubiran y CONRED. Autor de varios artículos y publicaciones relacionadas con el tema de salud y nutrición.

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Partamos de un hecho: se dice que el Estado se gobierna a través de la legalidad es decir entendiendo que legalidad significa el ajuste o sometimiento de una determinada conducta a lo que prescriben las normas. Establece la norma y vela por su cumplimiento y esto aplica tanto a lo político como al derecho.

Pero legítimo es algo menos claro y en política podríamos decir que esto significa la capacidad de un poder para obtener obediencia de la sociedad (obediencia a lo legal de parte de todos) que a su vez debe entenderse como aceptación del pueblo a lo que el gobierno hace. Pero este término desde lo jurídico significa obediencia a una norma jurídica y apela al ideal de ética o justicia que debe incorporar toda norma, yo añadiría, en lo teórico y en lo práctico.

Vistos teóricamente esos conceptos parecen bonitos y claros, pero en la práctica, en el cumplimiento de los mismos dentro de la vida pública, muchos funcionarios los manosean y muchos ciudadanos los violan a su favor y antojo y cuando en esos preceptos hay inequidad en su funcionar y el poder de determinar su comportamiento es superado por los interese políticos pasando sobre los sociales, eso genera no solo corrupción sino todo tipo de inequidades que culminan en todo tipo de pobrezas, violencia, xenofobias etc. En otras palabras, la ética, lo legítimo en el hacer público se ha roto cayendo muchos funcionarios e incluso podríamos decir instituciones, en la ilegalidad y haciendo mal uso, óigase bien, mal uso, de lo legal y legítimo, tanto desde lo interpretativo como en cumplimientos y podríamos decir entonces que se ha caído en ilegitimidad en la forma de gobernar.

El Estado de Guatemala vive un momento crucial: los poderes del Estado pasan por una confrontación entre lo legal y legítimo que a la larga se  resume en un divorcio entre lo que definen esos marcos y la praxis política y jurídica que se hace, dando como resultado todo tipo de praxis inclinada a favorecer el mantenimiento de todo tipo de corrupción e inequidades y como bien dijo alguien cuyo nombre no recuerdo, cuando eso sucede, me refiero a cuando la legalidad enmascara a lo legítimo, el pueblo pasa a ser lacayo del poder e intereses de políticos, provocando todo tipo de inequidades y limitaciones de acceso de los derechos humanos para la mayoría e incluso la soberanía dejada de ser una fuerza valiosa para la instauración de la democracia.

Cuando eso sucede, cuando el poder político se monta sobre el social creo que el ejecutivo es la única arma (fuera de la revolución y la confrontación armada interna) para enderezar ese entuerto. El pueblo por eso y para eso eligió al gobernante actual. Pero si este aún está viendo dónde y cómo ubicar su poder y aplicarlo ¡estamos fritos! La continuidad de perversiones ilegales e ilegitimas continuará. Solo enderezando lo legitimo puede enderezarse un correcto actuar de lo legal, no hay otra salida para equilibrar fuerzas y es la única posibilidad de lograr romper la corrupción y mejorar la equidad, que van de la mano.

Dejemos de hacernos bolas. Es evidente que a lo largo de nuestra historia política, de la historia de nuestros gobiernos, resulta claro que la noción de legitimidad solo obedece a propaganda electoral pero ahí muere, está ausente y es omnipresente la de una legalidad mal concebida y muy poco cumplida o mangoneada a favor de privilegios. Es también claro que el apoyo político, la confianza en las instituciones, la consolidación del régimen y el consentimiento popular son en estos momentos sólo conceptos fragmentarios que están sirviendo para poner en juego elementos más de ilegitimidad.

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