Durante los últimos tiempos en Guatemala se presentan dos tipos de posiciones claramente antagónicas, una que desea y se anima a producir el cambio de gobierno que tenemos y la otra que de manera decidida defiende el status quo, privilegios, impunidad, corrupción y violencia. La posición del cambio y la transformación es ampliamente respaldada, quedo claramente evidenciada en los 106 días de resistencia y sigue expresándose en distintas manifestaciones públicas y la posición que resguarda a criminales, corruptos e impunes es minoritaria y se atrinchera en instituciones públicas como el Ministerio Público, el Congreso, el Organismo Judicial y la Corte de Constitucionalidad.
La población que respalda ampliamente la transformación se ha concentrado de manera correcta en solicitar que la Fiscal General del Ministerio Público abandone ese cargo junto a su equipo de fiscales que se han dedicado a perseguir espuriamente a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, operadoras y operadores de justicia y a todo aquel que interfiera con sus corruptos intereses, pero también cada vez más voltea la mirada hacia las acciones que impulsan las y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad -CC-. Es claramente evidente que este órgano que en teoría debería velar por el fiel cumplimiento de la Constitución Política de la República, se ha convertido bajo el dominio de los actuales magistrados en la punta de lanza de las acciones golpistas y de defensa de los intereses de grupos de poder que no desean la transformación.
Fue gracias a la importante movilización social y popular de fines del año pasado e inicios de este, que la Corte de Constitucionalidad abrió mínimamente su entendimiento de la situación y permitió que Bernardo Arévalo y Karin Herrera tomaran posición de sus respectivos cargos el 14 de enero, sin embargo, de ahí en adelante, todas sus resoluciones son abiertamente golpistas y de protección al grupo que la población rechaza por sus acciones ilegales y contrarias al bien común. Llevando a cabo un papel que no le corresponde y atribuyéndose funciones que le son propias a otras instituciones ha impedido que el partido político Movimiento Semilla sea un partido legítimamente constituido y que con ello cumpla su rol de bancada dentro del Congreso de la República. Así mismo, es hoy junto a la oligarquía y a grupos mafiosos, quienes sostienen el hilo del cual pende la Fiscal General del Ministerio Público a pesar de las reiteradas ilegalidades y omisiones de investigación en casos de corrupción de los gobiernos pasados.
Pero, por si fuera poco, esta semana fue juramentado como nuevo presidente de la Corte de Constitucionalidad, el magistrado Nester Vásquez, quien ha sido incluido en la Lista Engel como un actor corrupto y contrario a los intereses democráticos. Es esta persona nacional e internacionalmente cuestionada quien hoy preside la CC y por lo tanto esperamos lo peor de ese mandato. Es por ello, que la población cada vez más mira hacia ese órgano y su transformación no se detendrá, aunque algunas instituciones estén presididas por mafiosos y corruptos.
