La Comisión para el Esclarecimiento Histórico -CEH- hace referencia a que durante el Conflicto Armado Interno: “el sistema judicial del país, por su ineficacia provocada o deliberada, no garantizó el cumplimiento de la ley, tolerando y hasta propiciando la violencia. Por omisión o acción, el poder judicial contribuyó al agravamiento de los conflictos sociales en distintos momentos de la historia de Guatemala. La impunidad caló hasta el punto de apoderarse de la estructura misma del Estado, y se convirtió tanto en un medio como en un fin. Como medio, cobijó y protegió las actuaciones represivas del Estado así como las de particulares afines a sus propósitos, mientras que, como fin, fue consecuencia de los métodos aplicados para reprimir y eliminar a los adversarios políticos y sociales”.
Hago referencia a esta importante conclusión a la que llegó la CEH porque en estos momentos, Guatemala pareciera estar de nuevo en el inicio de un circulo interminable de repetición de su propia historia, una especie de bucle del cual no le es posible salir o no le es permitido salir. Actualmente estamos asistiendo a una serie de hechos, que permiten identificar la ineficacia de la justicia tal y como fue descrita el 25 de febrero de 1998 cuando fue presentado el Informe Guatemala: Memoria del Silencio por parte de la CEH.
Sin lugar a dudas, esta ineficacia de la justicia está siendo provocada y deliberadamente realizada para producir impunidad y garantizar ilegalidad, corrupción y violencia que beneficie a las élites económicas, políticas, militares y al crimen organizado, que hoy conforman un solo bloque para garantizar sus espurios intereses. Es evidente que cuando actores de poder político se confabulan para sostener a la Fiscal General en el Ministerio Público y aopoyar cualquier acción para capturar las altas cortes, con el propósito de que que sea la actual mayoría de la CSJ quienes sigan dominando el escenario del Organismo Judicial, deliberadamente busca producir injusticias. Cuando el Ministerio Público más que conducir la investigación y persecución penal, se convierte en el mero instrumento de una Alianza Criminal que busca a toda costa garantizar impunidad a saqueadores de las arcas públicas, realizadores de contratos corruptos y en detrimento de la población, de lavadores de dinero, traficantes, violadores de derechos humanos, está produciendo injusticia.
Dicha situación, de la ineficacia de la justicia, ha sido el denominador común en la criminalización impulsada contra personas defensoras de derechos humanos del territorio, la vida y los recursos naturales y hoy se ensaña contra operadores y operadoras de justicia, fiscales y auxiliares fiscales, jueces y juezas independientes, estudiantes, docentes y profesionales universitarios lograron hacer temblar las columnas sobre las que se han erigido la ignominia, la corrupción y la injusticia social a la que es sometida la mayoría de la población. Es momento que la población se levante para derrotar a estos personajes que nos conducen hacia el obscurantismo y el terror y al presidente Arévalo le corresponde destituir a la Fiscal General que se convirtió en el centro de la impunidad y la injusticia.
