La actual Ley Electoral y de Partidos Políticos entró en vigencia el tres de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco y durante su vigencia ha sufrido varias reformas que no han llenado las expectativas de la era moderna política y el último proceso electoral, estuvo empañado por acciones espurias e ilegales del Ministerio Público, de jueces vendidos y de los grupos que perdieron la elección y no se cumplió con lo que regula la Constitución y la ley que regula todo proceso electoral, la judicialización de un evento comicial, debe sustanciarse en las instancias electorales, y no se cumplió con la “supremacía” que por norma legal debe tener el Tribunal Supremo Electoral.
La presidenta del órgano relacionado Blanca Alfaro, ha convocado a sectores políticos y a otras entidades, a promover una profunda reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y envió al Congreso, las reformas que a su juicio y con la venia de los grupos convocados, que el Congreso, proceda a reformar el reglamento y le dé la prestancia que por norma constitucional se le debe dar al referido órgano electoral, que en proceso electoral pasado, estuvo en el ojo del huracán y hasta hoy, cuatro magistrados titulares que están fuera de Guatemala, desde diciembre pasado, no han retornado al país para resolver su situación jurídica, al sindicarles hechos que los imputados niegan.
La Junta directiva del Congreso, con una mística diferente a los corruptos de la legislación pasada, tiene clara consciencia que su misión es en aras de cambiar la imagen de esa entidad y ser efectivamente representantes del pueblo y por tal razón en su momento están seguros de que buscarán la forma de reformar la Ley Electoral y darle la verdadera representación al órgano electoral.
Se debe hacer una verdadera depuración en todos los partidos políticos, que en el pasado proceso electoral, postularon candidatos presidenciales y diputados y al no llegar al número de sufragios que dice la ley, ni tener un representante el Congreso, automáticamente quedaron cancelados.
Se debe ser estricto en la inscripción de nuevos partidos, evitar el sucio negocio de financiamiento ilícito no registrado, porque ello da lugar a que los dirigentes de las instituciones de derecho público, amansen millonarias sumas de dinero y dar lugar a la campaña anticipada, porque se debe dar libertad a la promoción de los candidatos a puestos de elección popular, de esa manera con anticipación los electores y el pueblo los conoce y evitar esa corrupción que por años han tenido los dirigentes de los partidos que venden las plazas de diputados y alcaldes, para amansar fortuna y eso es un delito descarado que debe terminar.
Se espera que las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el pueblo presente sus proyectos y se estudien a fondo y se dé participación abierta para que la reforma efectivamente sea la que desea el guatemalteco y no sea parches como los que ha tenido esa ley que en los tiempos modernos, se vuelve obsoleta y sin ninguna garantía que el sufragio es el arma que el pueblo tiene para elegir o desechar a los políticos corruptos, como ha sido normal en los últimos tiempos.
Al estar acéfalo el Tribunal Electoral, es obligación de los diputados cumplir con la orden que dio la Corte de Constitucionalidad, de elegir a los suplentes para que conformen el pleno y resolverlos problemas que tiene la actual presidenta Alfaro, que asegura que tiene el órgano millonarias deudas con el personal que ceso en el reciente proceso comicial.….
