Sin irse muy atrás en el tiempo, los últimos gobiernos han provocado un incontable daño a la población guatemalteca. El 16 de abril del 2015, cuando nos enteramos de las primeras capturas por el caso conocido como La Línea, pudimos tener conocimiento que esa estructura criminal, a la que pertenecía el mismo presidente de la República Otto Pérez Molina, había defraudo al fisco en un equivalente de un mil millones de quetzales o en los casos que posteriormente conocimos gracias a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público de aquel entonces, las cantidades robadas al erario público se contaban por millones, mientras que niños y niñas morían de hambre, los hospitales no contaban con insumos para atender a la gente o las escuelas no eran aptas para recibir a la niñez y que recibieran educación.
Pero no fue ni mucho menos, los únicos escándalos de corrupción que conocimos. Luego del 2015, donde la ciudadanía se movilizó por más de 5 meses, exigiendo el cese de la corrupción y la impunidad y que con ello, fuera posible restablecer garantías mínimas de atención y de dotar de los derechos humanos básicos, tales como educación, salud, alimentación, entre otros. Esta ventana de oportunidad, no sólo fue desaprovechada por el gobierno de Jimmy Morales, sino se profundizó aún más el despilfarro, el saqueo y el beneficio a actores privados, en detrimento de los pueblos en Guatemala. No fue mucho tiempo el que tuvo que transcurrir para que fuéramos testigos de nuevos hechos de corrupción.
Más de lo mismo ocurrió durante el gobierno de Alejandro Giammattei con la gravedad que producto de la corrupción, no fue atendida de buena manera, los efectos de la pandemia Covid 19 y con ello hubo muchas más muertes de las que debieron ocurrir. Pero también el saqueo y la corrupción implicaron que más población se sumara a la pobreza y a la pobreza extrema y hubiera un incremento en la desnutrición crónica y aguda en el país. Al menos estos tres últimos gobiernos, han producido un enorme daño a la población y han sido los responsables del grave deterioro de las condiciones de vida de las personas, así como instituciones públicas devastadas.
Los efectos que hoy vivimos no son pocos, ni menores. Hemos visto que las instituciones fueron llenadas con personal que respondían al clientelismo político y con ello la falta de atención a las responsabilidades institucionales inherentes a cada una. De ahí la pobreza, la falta de atención en puestos, centros de salud y en hospitales, escuelas deterioradas, niñez sin acceso a la educación y a la salud, la infraestructura vial destruida, en resumen, hoy sufrimos los efectos de más de una década de corrupción rampante y descarada. La gran pregunta frente a este fenómeno es ¿quién reparará el daño hecho? Y la respuesta sólo puede ser que el sistema de justicia procesó penalmente a las y los responsables de tales hechos con la única condición que los mismos no vuelvan a suscitarse.
