A un día de la reunión a la que fue citada la jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, por el presidente, Bernardo Arévalo, a su despacho en el Palacio Nacional de la Cultura, el ente investigador indicó que aún se encuentra analizando el memorial por medio del cual fue notificada la Fiscal General para dar una respuesta sobre su asistencia.
Arévalo denunció meses atrás que Porras supuestamente fraguaba un intento de Golpe de Estado para evitar su investidura como presidente de la República, el cual fue apoyado por el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana. De esa cuenta, se emprendió una persecución penal en contra del mandatario, pero la inmunidad que posee ha frenado las acciones de dicha unidad del MP.
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NO RESPONDE SI PORRAS ASISTIRÁ
La invitación formal a Porras fue entregada en la Fiscalía el pasado viernes 19 de enero, y en ella Arévalo solicitó un informe detallado sobre cuatro aspectos que competen al MP.
De concretarse la reunión, esta se efectuará este miércoles 24 de enero en el despacho del presidente a las 10 horas, según la información oficial.
Desde el viernes último, La Hora ha consultado al órgano encargado de la persecución penal si Porras asistirá a la reunión o si declinará a la misma. Sin embargo, no hay una respuesta clara al respecto.
«Tal y como se indicó, se recibió la comunicación y se está analizando la misma para dar la respuesta oportuna que en derecho corresponde», recalcó en su última respuesta el MP, este martes 23 de enero en horas de la mañana.
Asimismo, en otra ocasión se consultó si Porras iría acompañada del secretario general del MP, Ángel Pineda, o si él llegaría en representación de la Fiscal General, como en ocasiones anteriores. «¿Enviará a un equipo en vez de asistir ella?», también se preguntó.
COMPRA DE VACUNAS: TEMA CLAVE
Entre los cuatro aspectos a tratar, Arévalo pidió información sobre la existencia de una investigación en curso por la compra de vacunas de COVID-19, extremo por el cual la pareja del expresidente Alejandro Giammattei, Miguel Martínez, fue sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos por presuntamente «recibir sobornos» para pactar un contrato de vacunas Sputnik-V.
A Martínez le fueron impuestas una serie de sanciones financieras, bajo lo establecido en la Ley Global Magnitsky de responsabilidad de Derechos Humanos.
En la carta que la Presidencia envió al MP se lee que la Fiscal General deberá presentar «información sobre la existencia de una investigación penal relacionada con el proceso de adquisición de vacunas contra el COVID-19 como pagos de sobornos con fondos del erario, la falta de planificación para una campaña de vacunación y los retrasos en la entrega del producto, vulnerando así el derecho a la vida».
En la misiva, Arévalo requirió un informe detallado de estos otros tres aspectos:
Avance de procesos penales vinculados a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Criterios de persecución penal en casos de libertad de expresión y prensa.
Protocolo de actuación ante medidas cautelares de la CIDH.
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