Base de este oscuro período de doce años que Guatemala ha sufrido es la impunidad de personajes militares y civiles que fueron culpables de crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno: Lucas García y Ríos Montt, ambos responsables de genocidio, altos mandos del ejército, sectores de oligarquía e intereses extranjeros corresponsables de la “guerra sucia”, y centenas de delincuentes que han participado en las dictaduras militares o militarizadas y en los gobiernos corruptos de Pérez, Jimmy y Giammattei. Esas personas impunes han manejado el país a su antojo –formando entidades como “Fundaterror”, Avemilgua y Liga Propatria, creando partidos políticos tipo FRG, “Patriota”, FCR y “Vamos”, y asaltando el Estado y la cúpula del sector privado. Hoy, todavía intentan bloquear el traslado del gobierno a Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Creemos que estos esfuerzos desesperados serán derrotados, y que el nuevo gobierno restablecerá el estado de derecho, los derechos humanos, la democracia y la ruta al desarrollo humano.
Las últimas acciones contra la transición a un gobierno capaz y honesto, respaldado por la ciudadanía, se dan por la creencia de los sectores golpistas de que, al contar a su favor con el MP y las Cortes, continuarán siendo intocables –MP todavía amenaza con capturar a la Vicepresidenta electa, por haber apoyado la lucha digna de las y los universitarios en contra del falso rector de la Usac, sin que dicha lucha merezca ni reproche ni criminalización; el juez Orellana insiste ante el TSE que se suspenda al partido Movimiento Semilla, sin mérito ni justificación; en acto de arrogancia, Consuelo Porras ordenó la captura de Napoleón Barrientos, ex Ministro de Gobernación, por no haber acatado según ella la orden de la CC de que procediera a desalojar a las Autoridades Ancestrales del bloqueo en Gerona, pasando por encima de la CC misma, que no exigió eso; y diversos insignificantes peones, como Lecsán, la Liga Propatria y otros pigmeos mentales, siguen demandando que no se entregue el gobierno a Arévalo y Herrera.
Sostengo que el nuevo gobierno no puede permitir impunidad alguna de estos funcionarios. Deben ser sometidos a una profunda investigación, que no puede hacerse por el MP, al ser éste juez y parte. De hecho, debido a su constante ilegalidad, el MP debe ser inmediatamente suspendido de sus acciones, y sus funcionarios principales, al igual que todo funcionario del Estado en las Listas Engel y Magnitsky, deben ser investigados por un órgano independiente, honesto y confiable, para decidir si han de continuar o no como empleados del Estado. Todo funcionario de la administración anterior que haya caído en el abuso de autoridad debe ser llevado a juicio. No se trata de revancha o venganza, sino que de la necesaria restauración de la justicia, sin la cual ningún gobierno puede proceder. El mandato de la ciudadanía ha sido claro: ¡hay que extirpar la corrupción y la impunidad! Las acciones comienzan con quienes abusaron de su autoridad justamente para mantener vigentes las acciones ilegales, la corrupción desenfrenada y la constante impunidad.
