Después de una ardua batalla cívico política, encabezada por las Autoridades Ancestrales Indígenas (AAI) y acuerpada por una ciudadanía variopinta y espontánea, fuerzas que sostenían que su lucha era por la democracia y no por algún partido político, se generaron muchas expectativas sobre la composición del nuevo Gabinete del Gobierno, que fue presentado el pasado 8 de diciembre, y levantó una álgida polémica en redes sociales.
Como era de esperarse, las fuerzas opositoras, que responden al pacto de corruptos o al más rancio conservadurismo, descalificaron a las y los ministros designados, pues no aceptan la derrota electoral, ni la propuesta programática del nuevo Gobierno.
La vetusta Liga pro Patria presentó, ayer por la tarde, una acción constitucional de amparo, contra el Congreso de la República, demandando que dicho organismo no le dé posesión al binomio presidencial electo por la voluntad soberana del Pueblo, aduciendo que las elecciones fueron fraudulentas, aunque fueron los comicios más supervisados por organismos nacionales e internacionales, y es un fenómeno comicial que ya causó estado, certificado por el Tribunal Supremo Electoral. Se trata de acciones desesperadas que carecen de viabilidad jurídica, política y social, pero con ellas buscan algún grado de notoriedad, ya que la historia los ha ido soterrando progresivamente.
Sectores de izquierda, que en su mayoría no se movilizaron para enfrentar el Golpe de Estado, cuestionan a tres Ministras que provienen del sector empresarial, y una de ellas, Jazmín de la Vega, designada Ministra de Comunicaciones, tiene señalamientos de corrupción, que no fueron totalmente aclarados, y que ella niega.
Fuertes descalificaciones al nuevo Gabinete también provinieron del movimiento indígena, como 48 Cantones de Totonicapán, que no dejan de tener razón al señalar que el Gabinete no es incluyente, pues solamente fue nombrada una ministra de origen maya, la abogada Miriam Roquel, al frente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Hay que tener claro que el nuevo Gabinete de Gobierno refleja la correlación de fuerzas que Semilla construyó, en el marco de una crisis político institucional que casi impide que tomen posesión, y que constituyó un Golpe de Estado judicial. Sin embargo, en el marco de esa crisis emergió una fuerza social que fue determinante para frenar la ruptura institucional: los Pueblos indígenas que, a pulso, se ganaron una cuota de poder político que el nuevo Gobierno no reflejó en sus designaciones ministeriales, y que tendrá que honrar en otros puestos y, ante todo, en las políticas públicas y su presupuesto.
El Movimiento Semilla formuló un Plan de Gobierno técnicamente fundamentado, incluyendo su correspondiente presupuesto, lo que ningún otro partido ha hecho en la historia electoral del país. Ese Plan responde a los cinco principios y a las diez metas que constituyen el basamento programático del nuevo partido oficial. Hay, pues, dirección ideológica y programática en su accionar, de corte socialdemócrata.
En consecuencia, como el propio Bernardo Arévalo ha sostenido, no será un gobierno socialista, que pretenda impulsar transformaciones estructurales profundas, en un corto período de cuatro años, en el marco de una correlación de fuerzas adversas en el plano estratégico. Puede, eso sí, sentar las bases para una refundación del Estado, para dotarlo de una democracia efectiva, con justicia social y darle un carácter multinacional.
Sin embargo, los desafíos políticos, económicos, sociales y culturales que deberán enfrentar los nuevos ministros, van más allá de los compromisos programáticos que asumió el Movimiento Semilla. En esta ocasión, los Pueblos originarios, dirigidos por las AAI, además de fajarse, aprendieron que su organización y movilización ciudadana, en alianza con otros sectores, constituye una fuerza que puede cambiar el rumbo de nuestra nación, para construir un Estado multinacional.
Esto implica que exigirán y ejercerán una cuota de poder político proporcional a la fuerza acumulada, y será cuestión de poco tiempo para que demanden mayor representación institucional, más presupuesto para cubrir sus necesidades materiales, y una disminución de la exclusión y el racismo estructural que impera en el país.
Vivimos un cambio de época, en la que los actores reales, aquellos que producen los alimentos, transforman las materias primas, construyen casas y carreteras, dotan de cultura a la nación, y sostienen la economía con su trabajo en el país y en el extranjero, comienzan a exigir más representación y capacidad de decisión, como ciudadanos y como Pueblos originarios, con su propia cosmovisión, organización y autoridades.
Ojalá que los hombres y mujeres designados, recuerden que ser ministros equivale a ser servidores públicos de un Pueblo que con sus luchas y movilizaciones, les permitió asumir su cargo.
10 de enero de 2024.
