Hace unos días en conversación con un grupo de amigos uno de ellos sugirió que lo menos que cabría esperar del gobierno de Bernardo Arévalo y de Karin Herrera, así como del partido Semilla –que se inaugura este domingo 14– es el reconocimiento de la Nueva Era que significa la entrada de los pueblos originarios en la política nacional con una fuerza y determinación inéditas hasta ahora y que, como hemos dicho en artículos anteriores, de la defensa de sus democracias comunitarias (como la vigente en los 48 Cantones, los líderes indiscutibles del movimiento de resistencia al golpe de Estado que pretendían dar el MP y sus adláteres) amplios sectores de la población indígena pasaron a defender la endeble democracia representativa que, de conformidad con la Constitución de la República es el marco jurídico en el cual se inserta el sistema político nacional. O dicho en otras palabras, a pesar de que las democracias comunitarias prevalentes en numerosas comunidades indígenas se han visto amenazadas constantemente no solo por situaciones de violencia –como las que se vivieron durante el Conflicto Armado Interno en las que se cometieron crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, además de violaciones a los derechos humanos– sino también de búsqueda de eliminar sus derechos colectivos a la propiedad comunal de la tierra (como los que dieron lugar a la masacre de comunitarios de los 48 Cantones a principios de la década pasada) las Autoridades Ancestrales, los 48 Cantones de Totonicapán, las alcaldías indígenas de Sololá y numerosas otras organizaciones que estuvieron al frente de los 100 días de resistencia y dignidad defendiendo la “democracia representativa” en Guatemala y eso requiere del reconocimiento de la nación guatemalteca en su conjunto, es decir de los 4 pueblos que la componemos: los mayas, xincas, garífunas y mestizos.
La máxima condecoración de nuestro país es la Orden del Quetzal, la cual, de acuerdo con el Decreto 65-73 del Congreso de la República en sus considerandos dice textualmente que el otorgamiento de la Orden no debe limitarse a personas individuales sino que debe otorgarse también a “Organismos o Entidades o a sus banderas o símbolos, cuando por relevantes méritos o servicios sean acreedores a ese alto honor” así como el artículo 1º señala que la condecoración nacional de la Orden del Quetzal se conferirá en “cada caso a los jefes y altos funcionarios de naciones amigas y a las personas individuales o jurídicas, organismos, entidades, sus banderas o símbolos y en general a quienes por sus altos méritos de carácter cívico, artístico, científico o humanitario, se hubieren hecho acreedores a ese alto honor”. Somos de la opinión que los altos méritos cívicos tanto de las Autoridades Ancestrales como de los 48 Cantones de Totonicapán son indiscutibles y están a la vista de manera evidente. En consecuencia, sugerimos a quien será el nuevo Canciller de la República a partir de la próxima semana, nuestro buen y querido amigo el internacionalista Carlos Ramiro Martínez que proponga al Presidente de la República, doctor Bernardo Arévalo (Jefe Supremo de la Orden y máxima autoridad con derecho a concederla como prescribe el artículo 4º del Decreto Legislativo 65-73) la concesión de la misma tanto a las Autoridades Ancestrales (sus banderas o símbolos) como a los 48 Cantones de Totonicapán. Es algo de lo cual se han hecho acreedores plenamente por su denodada y perseverante lucha en defensa de la democracia y sin la cual posiblemente la misma se hubiese visto truncada.
Pero hay otras cosas que la ciudadanía guatemalteca espera de esta Nueva Era que se abre la semana próxima en nuestro país, encontrándose en primerísimo lugar que toda la ciudadanía confía en que, por fin, la decencia y la honorabilidad serán la norma (y no la excepción) en la actuación de los funcionarios públicos y representantes electos, eliminando las prácticas corruptas que incluso llevaron a un infame expresidente a afirmar que la corrupción era algo “normal” en Guatemala. Y por supuesto, lo anterior supone que el Ministerio Público (que en otros países se llama “Ministerio de Justicia”) retome las funciones que le fueron asignadas por la Constitución de la República: la persecución del crimen organizado y de la corrupción –el saqueo de los fondos públicos– en lugar de perseguir a jueces, magistrados, fiscales y ciudadanos: pensamos en el caso de Virginia Laparra, José Rubén Zamora, Edgar Gutiérrez y todos aquellos operadores de justicia que se han visto obligados a salir al exilio como Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval, Claudia Escobar, Andrei González, Gloria Porras, Miguel Ángel Gálvez, Pablo Xitumul, Erika Aifán y tantos otros más. Esta persecución de gente honorable y de jueces independientes debe terminar de una vez por todas.
Además, por supuesto, la Nueva Era debe significar que el reconocimiento a los méritos cívicos de los pueblos originarios vaya más allá del simbolismo de las condecoraciones y se traduzca en un reconocimiento de su sistema jurídico. Si esto se lleva a cabo mediante un diálogo nacional que permita a la sociedad en su conjunto poner en marcha procedimientos que conduzcan a Acuerdos o Pactos nacionales que permitan, por ejemplo, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente es algo que le tocará al nuevo presidente decidir en su momento, porque forma parte de sus promesas de campaña. Obviamente hay otros asuntos que no son menores: una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos como otra de las expectativas ciudadanas de gran importancia. Para que la democracia representativa funcione de manera efectiva los ciudadanos necesitamos saber quiénes nos representan en el Congreso de la República. El sistema de listados partidarios en los que se ignora a quienes serán nuestros “representantes” debe eliminarse. Y también convendría reducir el número de estos: 160 diputados son demasiados, su número debe reducirse a la mitad. Otro de los amigos presentes en el conversatorio del que hablamos al principio mencionó la necesidad de trabajar en la reducción de las desigualdades sociales mejorando las condiciones laborales para disminuir la emigración a Estados Unidos así como los servicios del Estado en materia de salud, educación, vivienda, seguridad etc.
La problemática ecológica y medioambiental debería ser otro de los componentes de la Nueva Era que iniciaremos este domingo. No es posible continuar contaminando la atmósfera con emisiones de efecto invernadero de la forma en que se ha venido haciendo hasta ahora. El Ministerio de Energía y Minas, que estará a cargo de una experta en energías renovables debería dar el ejemplo promoviendo un cambio de nuestra matriz energética suficientemente drástico como para elevar el porcentaje que corresponde a estas de manera significativa, incluyendo aquí la disminución de la deforestación y una protección efectiva de las áreas protegidas como la biosfera maya y los parques nacionales. Y en cuanto a la contaminación por plásticos, aguas servidas, desechos sólidos y tantos otros más, es absolutamente indispensable terminar con el tsunami de contaminantes de todo tipo que depositamos en el río Motagua y en el lago de Amatitlán, sin olvidar el peligro en que se encuentra nuestra “joya de la corona” (el lago de Atitlán). La presencia de Carlos Mendoza al frente de Segeplan es una buena señal porque deberá articular su trabajo tanto con el Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032 (elaborado desde la época que Karin Slowing estuvo al frente de esta importante Secretaría) como con el MARN, al frente del cual estará una experta que ha dirigido el Fondo del Agua y ha trabajado en el Conap (María José Iturbide). Sin olvidar que todos estos esfuerzos deberán coordinarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque los compromisos asumidos por nuestro país en el marco de la Agenda 2030 y de los 17 ODS deben servir de guía para las políticas públicas que se pongan en marcha en los distintos ministerios como educación, salud, trabajo, cultura, economía y finanzas incluidos, siendo a la Cancillería a la que toca informar de todo esto en Naciones Unidas.
Por supuesto, la continuidad de estas políticas públicas (que deberían transformarse en políticas de Estado) depende de que Semilla gane también las elecciones del 2027. Si esto lo hace en alianza con otras fuerzas sociales progresistas u otros partidos que puedan surgir en el futuro próximo es harina de otro costal, pero lo que deseamos destacar es que la legitimidad y continuidad de esta Nueva Era que se vislumbra en el horizonte político depende en gran medida de los resultados efectivos que el binomio Arévalo-Herrera ofrezca a la ciudanía. Tarea ardua sin duda, pero absolutamente indispensable. Hacemos votos por el éxito de Semilla y, por ende, por la continuidad de su gestión y de sus políticas más allá del 2027.
