Durante el fin de semana surgieron varias dudas, con respecto a siete personas que fallecieron durante las 24 horas posteriores desde que el Hospital General San Juan de Dios, se quedó sin energía eléctrica.
El Hospital San Juan de Dios, es de los nosocomios más grandes del país y el pasado miércoles, reportó inconvenientes con el suministro de energía eléctrica, en un inicio las autoridades aseguraron que la falla quedaría resuelta en las primeras 48 horas posteriores, pero no fue así.
Pasaron tres días para que el hospital recuperara la electricidad.
Durante el fin de semana, el director de ese nosocomio, José Miguel Alfaro, indicó que siete personas fallecieron entre el 4 y 5 de enero, por diferentes causas.
El profesional en salud no negó la posibilidad de que las personas murieran como consecuencia de los problemas de energía eléctrica.
Ahora la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) emitió un comunicado de prensa, en el que establece que se abrió un expediente para investigar las causas de muerte de las personas en el Hospital San Juan de Dios.
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«Desde el 3 de enero de 2024, hemos estado monitoreando de cerca la crítica situación del hospital, afectado por severas fallas en el suministro de energía eléctrica. Es desolador constatar que el sistema eléctrico, con una vida útil de 20 años, haya sido forzado a funcionar durante 40 años, resultando en aproximadamente mil quinientos metros de cableado en deplorables condiciones. Esta situación no solo es inaceptable, sino que también refleja una negligencia inadmisible hacia la seguridad y el bienestar de los pacientes», dice el pronunciamiento del PDH, Alejandro Córdoba.
Entre la información que hizo pública el funcionario está lo siguiente «Estamos realizando verificaciones exhaustivas respecto a los casos presentados y asegurar que se tomen las medidas legales correspondientes. Además, hemos abierto un expediente desde el 4 de enero para asegurar una diligencia adecuada y efectiva».
Para cerrar el comunicado, el PDH solicitó que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar porque afectan la salud de los ciudadanos.
«Es nuestro deber moral asegurar que tragedias como esta no se repitan y que se respete el derecho fundamental a la salud y la vida de cada ciudadano», concluye.
