La búsqueda de una «paz total” en Colombia —con diálogos simultáneos con grupos ilegales y bandas urbanas— se ha vuelto un camino espinoso, con algunos avances, pero más lento de lo que el presidente Gustavo Petro había anticipado.
A más de un año de su puesta en marcha, los logros más notorios se han dado en las mesas de negociación con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central, la mayor disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Mientras que hay acercamientos incipientes con la disidencia Segunda Marquetalia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, de herencia paramilitar.
Sin embargo, analistas coinciden en que el espíritu de la política gubernamental de menguar la violencia se puede quebrar si no se avanza con el Clan del Golfo, el cártel de narcotráfico activo más grande del país.
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“Es muy preocupante que el grupo más grande no haga parte del proyecto de paz total, eso significa que tienen mucho poder y pueden presionar al ELN, al EMC, a los urbanos y romper la lógica de este proyecto”, dijo a The Associated Press Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group.
El peligro, explicó Dickinson, está en que quienes queden al margen de las negociaciones intenten cooptar los territorios y las economías ilegales que dejen los que sí están dialogando, repitiendo un ciclo de violencia que ya ocurrió cuando las FARC, la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica, firmó en 2016 un histórico acuerdo de paz y entregó las armas.
Aún así es visto como un avance la instalación de la mesa de diálogo con el ELN hace un año y con el EMC hace un par de meses, con los que el Estado mantiene ceses del fuego bilaterales hasta enero próximo y que han manifestado su compromiso de suspender los secuestros con fines financieros.
En el futuro inmediato hay expectativa sobre si los ceses van a tener prórrogas y sobre todo si cambiará la estrategia de las negociaciones con los distintos grupos exigiendo mayores muestras de voluntad de paz que disminuyan el excepticismo que aún tienen sectores de la población.
Milena Espinosa, de 62 años y dedicada a las labores del hogar, dijo a AP que desconfía de los diálogos que adelanta el gobierno porque les ha dado a los armados “demasiada libertad y están haciendo lo que quieren con los colombianos”. También espera muestras concretas sobre el cese de los secuestros: “aquí siempre pasa que ellos dicen que lo dejan de hacer, pero terminan haciéndolo ellos o los otros grupos. Desafortunadamente nos sentimos tan inseguros… como hace años había sido”.
Adam Isacson, experto en Colombia en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), consideró que la política de paz está “avanzando de manera caótica” porque ve desorganización, improvisación y falta de claridad sobre planes y responsabilidades de mando y “siempre con la posiblidad de que todo cambie con un trino del presidente”.
El gobierno ha parecido percatarse de que se requerían cambios en la estrategia y a fines de noviembre renovó la jefatura del Comisionado de Paz responsable de todos los diálogos. Salió Danilo Rueda y lo reemplazó Otty Patiño, quien conoce el conflicto como cofundador de la extinta guerrilla M-19 —a la que también perteneció Petro— y la paz como firmante del acuerdo que acabó con esa insurgencia en 1990.
El cambio de mando se dio cuando ambas mesas de diálogo atravesaban una crisis.
El diálogo con el ELN se congeló temporalmente tras el secuestro de los padres del futbolista Luis Díaz, del seleccionado colombiano y el club inglés Liverpool, a fines de octubre. La madre recuperó la libertad el mismo día y el padre 12 días después.
Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz en la Universidad Nacional, consideró que con esos secuestros el ELN cometió un “error de marca mayor” y estuvo parcialmente en desventaja para negociar con el gobierno.
La crisis se superó el 17 de diciembre cuando finalizó en México el quinto ciclo de diálogo y el ELN se comprometió a suspender los secuestros con fines económicos siempre que logren extender el cese al fuego bilateral hasta enero de 2025. De lograrse, sería la primera vez que abandonan el secuestro desde que tomaron las armas en 1964.
Los secuestros son uno de los delitos más repudiados por la sociedad colombiana y por décadas han sido utilizados por los grupos armados para financiarse, controlar a la población y presionar políticamente.
“Si dejan de secuestrar y, especialmente, si sueltan a los secuestrados que tienen en su poder y los muestran volviendo a sus familias, se podría incrementar la credibilidad en el proceso ante la opinión pública, especialmente en zonas donde la gente ha vivido toda su vida en zozobra”, señaló Isacson.
El impacto del secuestro de los padres de Díaz fue tal que el Estado Mayor Central también se comprometió a dejar de cometer ese delito después de superar una etapa compleja en la mesa de diálogo.
El 5 de noviembre las disidencias suspendieron unilateralmente los diálogos tras reclamar supuestos incumplimientos del Estado y la salida del ejército de algunas zonas, mientras que el ejército denunció el secuestro de un grupo de militares en el Cauca, al suroeste del país.
Las partes reanudaron el diálogo en los primeros días de diciembre y mantienen un cese al fuego bilateral.
Jorge Restrepo, director del centro de investigación y estudios sobre conflictos armados CERAC, consideró que la “negociación más difícil” es con el EMC porque no es una estructura cohesionada sino conformada por distintos frentes.
Los cuestionamientos sobre la efectividad del alto el fuego han venido desde el mismo gobierno. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha dicho a la prensa que tiene que ser “en beneficio de las comunidades o no importa”.
Para Dickinson a los grupos ilegales les interesa controlar los territorios y las economías ilícitas y “la forma más eficaz y barata” de lograrlo es controlando a la sociedad civil.
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“El centro de gravedad del conflicto tuvo un giro: en vez de estar entre el Estado y los grupos, está entre los mismos grupos ilegales. Por ejemplo, el ELN no tiene miedo del Estado, sino al Clan del Golfo”, indicó Dickinson.
Desde el convulso departamento de Cauca, donde operan las disidencias y el ELN, el líder indígena Edwin Mauricio Capaz Lactamo aseguró a AP que con los ceses al fuego han disminuido los combates en zonas rurales y los ataques con bombas contra las estaciones de policía en los cascos urbanos.
Sin embargo, lamentó que persista una sensación de “desesperanza o frustración frente al alza de los asesinatos” y las amenazas que él mismo recibe constantemente.
El presidente ha reconocido que su gobierno no ha logrado reducir las masacres, pero responsabilizó al gobierno anterior del conservador Iván Duque (2018-2022) por no implementar cabalmente el acuerdo de paz con las extintas FARC.
Entre los retos que se avecinan se incluye el abordaje en las mesas de negociación de las economías ilícitas. Petro advirtió que no ve prioritarios los ceses al fuego si no están precedidos de una discusión sobre la destrucción y el reemplazo de los cultivos ilícitos, en especial de coca —materia prima de la cocaína—, lo que puede generar tensión especialmente con el ELN, grupo que niega cualquier vinculación con el narcotráfico.
Alias “Antonio García”, máximo jefe de la guerrilla, reclamó el 20 de diciembre desde su cuenta de X, antes Twitter, que acabar con las economías ilegales es responsabilidad del Estado y cuestionó: ”¿entonces tendríamos que esperar a que se dé para luego pasar al cese o darle continuidad a un proceso de paz?”.
Un día después, las disidencias de las FARC dijeron que no van a negociar sobre cultivos ilícitos “que no son nuestros” y que la sustitución de los mismos se debe adelantar con las comunidades. “El cese al fuego no se condiciona así”, agregaron desde X.
Aún con los tropiezos, el gobierno se mantiene en las mesas de negociación y las metas siguen siendo ambiciosas. En junio Petro vaticinó que para mayo de 2025 cesaría definitivamente el conflicto entre el Estado y el ELN.
