La resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) del pasado jueves 14 de diciembre marcó un respiro para la democracia guatemalteca, que no se había enfrentado a un reto tan exigente desde el “Serranazo” de 1993.
Después de meses de la embestida judicial del Ministerio Público (MP) en contra del proceso electoral, del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del partido ganador de las elecciones presidenciales, Movimiento Semilla, el máximo tribunal en materia electoral ordenó que se debe respetar la alternancia de poder y del orden democrático, y que quienes ganaron en los comicios, y que ya cuentan con sus respectivas acreditaciones, deben asumir el cargo.
El fallo de la referida instancia se emitió una semana después de que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentara una investigación con la cual sugirió la nulidad de las elecciones.
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OEA ¿QUÉ RESTA?
La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha monitoreado con preocupación la situación del país y ha seguido lo establecido en el capítulo cuatro de la Carta Democrática Interamericana, que se refiere al fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.
De momento, el Consejo Permanente de esa entidad ha expresado sus preocupaciones, convocado a los estados nueve veces (este miércoles 20 de diciembre se celebra la novena reunión) para discutir la crisis guatemalteca. También ha enviado misiones, esto en concordancia con el artículo 18 del referido instrumento.
Este dice que “cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático”, el secretario general o el Consejo podrán hacer visitas y otras gestiones para analizar la situación.
María José Bonilla / La Hora.
Posteriormente, el secretario general redactará informes para ser conocidos por el Consejo Permanente que hará una apreciación colectiva de la situación y, de ser necesario, se tomarán decisiones para preservar la institucionalidad democrática de un país.
El artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana define que una ruptura del orden democrático o alteración del orden constitucional en un estado miembro es, mientras persista, un obstáculo “insuperable” para que participe en las sesiones de la Asamblea General y demás órganos de la OEA.
El 20 habla de que, al producirse esta situación, el Consejo podrá disponer de gestiones diplomáticas, «incluidos los buenos oficios«, como se conoce al diálogo, para conciliar controversias, para promover la normalización de la democracia.
Si estas resultan infructuosas, el artículo 21 habla de la suspensión, la cual se hará efectiva con los votos de dos tercios de los estados miembros en una reunión extraordinaria de la Asamblea General. A pesar de esto, la OEA debe seguir con las gestiones para restablecer la democracia en el país afectado.
Analistas coinciden en que, por el momento y luego de la resolución de la CC, se puede descartar que Guatemala sea suspendida de la OEA. No obstante, consideran que este organismo seguirá de cerca al país, incluso, después de que Bernardo Arévalo y Karin Herrera tomen posesión de sus cargos.
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ANDRADE: “ESTA BATALLA NO HA TERMINADO”
“Esta batalla no ha terminado”, afirma Luis Fernando Andrade, exembajador y exvicecanciller. A su consideración, después del 14 de enero, la comunidad internacional, organizaciones nacionales y ciudadanos deberán mantenerse “muy activos”.
“No podemos subestimar a las fuerzas oscuras antidemocráticas que aún tienen mucho poder en las instituciones del Estado y que están incrustadas profundamente”, subrayó el diplomático en retiro.
Añadió que, para hacerles frente y lograr la viabilidad de su gobierno, Arévalo deberá buscar la unidad y propiciar un gran diálogo nacional para alcanzar consensos. “Va a haber fuerzas muy poderosas que van a querer desestabilizarlo, posterior a la toma de posesión”, adelantó Andrade.
A su juicio, la presión ejercida desde la OEA, de la Unión Europea y de Estados Unidos y de ambos partidos en el Congreso de este país, hacen inviable que un rompimiento al orden democrático en Guatemala; sin embargo, “eso no quiere decir que las fuerzas antidemocráticas no vaya a continuar queriendo desestabilizar al país y al nuevo gobierno”.
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ÁLVAREZ: ATAQUES PUEDEN CONTINUAR
El internacionalista Williams Álvarez expuso que la resolución de la CC de la semana pasada “da cierta tranquilidad”. Pero coincidió con Andrade al indicar que las fuerzas que pretendían dar el «golpe» no se quedarán conformes después de que asuma el binomio electo.
“Después de las múltiples estrategias que se vieron en los últimos meses, para fumarse un caso contra el binomio electo, no se extrañaría algún nuevo ataque”, advirtió el analista.
Agregó que la comunidad internacional aún teme que pueda haber un rompimiento de la democracia y que bajará la preocupación, y consecuentemente la presión, hasta que haya un cambio de régimen en el Ministerio Público (MP).
Álvarez también descarta la posible suspensión de Guatemala de la OEA, sanción que se impondría solo si se consolida el «golpe«. Mientras tanto, si continúan los intentos y ataques a la institucionalidad, seguirán las sanciones a los actores antidemocráticos.
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