Desde que la alianza oficialista en el Congreso de la República modificó el proyecto de Presupuesto General, analistas y sectores civiles alertaron de errores en el plan de gastos para el primer año del próximo gobierno.
Entre las irregularidades que mencionan el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), está la autorización previa que debe pedir el Ministerio de Finanzas Públicas al Congreso para la colocación de Bonos del Tesoro.
“Esto puede generar gran incertidumbre, ya que de no lograrse dicha aprobación oportunamente, el Estado podría quedarse imposibilitado de hacer frente a sus obligaciones financieras y caer en incumplimiento de pagos, lo cual dañaría gravemente la buena reputación y calificación del país en los mercados financieros internacionales”, resaltó el sector empresarial.
Mientras que Fundesa recordó que el próximo año vencen Q6 mil 260 millones en Bonos del Tesoro, los cuales no podrían renegociarse y afectarían la calificación de riesgo país.
En tendencia:
A la vez, enfatizó que los fondos para obras del Ministerio de Comunicaciones que no estaban en los planes de esa cartera son opacos y cuestionables. Para esa gestión, el diputado de VAMOS, Cándido Leal, presentó una enmienda para destinar Q2 mil 536 millones para pago de deuda de contratos de arrastre.
Como también la inclusión de más organizaciones no gubernamentales que acaban de ser creadas, sin criterios para recibir fondos públicos.
SIN JUSTIFICACIÓN
Por aparte, el Icefi explicó que los incrementos a varias entidades gubernamentales, como el Ministerio Público, se hizo sin justificación técnica, lo cual evidencia una intención política, ya que las instituciones del Ejecutivo no pueden recortar sus techos presupuestarios.
Otras Noticias:
“Las restricciones a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de contratar medios de comunicación televisivos y radiales que no tengan cobertura nacional y gratuita, carecen de sustento y justificación técnica”, resaltó el Instituto.
Otra de las ilegalidades que expresó el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) sobre la limitación de transferencias a varios ministerios como Salud y Desarrollo Social son efectos negativos que aumentan la rigidez de los presupuestos.
Además, existe discrecionalidad para el pago de la contratación de personal en el Ministerio de Salud como lo dejaron los diputados en los artículos 119 y 125 del Presupuesto General.
“Es imperativo que se respeten a cabalidad las disposiciones técnicas establecidas en la Ley de Servicio Civil, la de Contrataciones y la de Presupuesto, así como otras leyes ordinarias, para que las asignaciones de recursos se realicen conforme a las prioridades con soporte técnico y legal”, agregó el CIEN.
