El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el lunes que aspira a eliminar organismos reguladores, como el de antimonopolio o de transparencia, porque “no le sirven al pueblo” pese a que la mayoría de ellos están recogidos en la Constitución de México.
“No valen para nada”, replicó López Obrador el lunes cuando insistió en su intención de “desmontar” de la estructura del Estado entes como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la agencia antimonopolio, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).
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“Tenemos que hacer una reforma administrativa… Tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos… No le sirven al pueblo”, aseguró el mandatario mexicano en su habitual conferencia de prensa de la mañana.
López Obrador es consciente de que para lograr ese objetivo se necesitaría reformar la Constitución y, para eso, es preciso contar con una mayoría de dos tercios en el Congreso que, en principio, no tiene.
Anunció que, de todos modos, presentaría la propuesta antes del fin de su administración para dejar constancia de cuál es su postura.
El mandato de López Obrador termina el 30 de septiembre de 2024, tras un sexenio en el cargo.
Las agencias de supervisión fueron creadas por administraciones anteriores —la mayoría en las décadas de 1990 y 2000— a menudo para regular áreas que antes estaban dominadas por el Estado, como las telecomunicaciones o las industrias petrolera y eléctrica.
Según López Obrador, fue entonces cuando aumentó la corrupción sin que tales organismos hicieran nada para impedirlo.
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No es la primera vez que comparte su aversión a estas agencias reguladoras contra las que ha arremetido en varias ocasiones. Como no ha tenido consenso para reformarlas, ha intentado liminar sus actuaciones con recortes de fondos.
Según el mandatario, la comisión antimonopolios ha intentado bloquear sus esfuerzos para aumentar el poder de las empresas petroleras y energéticas propiedad del gobierno y la agencia de acceso a la información procesa demasiadas solicitudes de libertad de información por parte del público.
