Estados Unidos ha aumentado el nivel de sus sanciones a actores guatemaltecos por considerarlos corruptos o antidemocráticos, y poco a poco se ha acercado al círculo del presidente, Alejandro Giammattei, a quien le queda poco más de un mes para dejar el cargo.
Desde 2020, cuando comenzó su mandato, Washington ha emitido más de medio centenar de sanciones a guatemaltecos con distintas herramientas, desde la inclusión en la Lista Engel, que impide el ingreso de una persona a EE. UU. y la ampliación de esta prohibición a la familia del señalado, hasta sanciones basadas en la Ley Global Magnitsky.
Cuando Giammattei asumió el cargo, EE. UU. le dio su voto de confianza. A pesar de que hubo algunos encontronazos diplomáticos, en junio de 2021, la vicepresidenta Kamala Harris visitó Guatemala y se reunió con el mandatario guatemalteco.
Un mes después prácticamente rescató a la administración de Giammattei del mal manejo que hizo en la compra de vacunas contra el COVID-19, y donó 4.5 millones de estas al país, con lo cual se pudo ampliar la inmunización a más guatemaltecos.
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SANCIONES INICIAN EN 2021
Después de estos dos hechos, las polémicas y diferencias diplomáticas con Estados Unidos continuaron; sin embargo, las sanciones se mantuvieron solo a exfuncionarios y a otras figuras políticas, como a los diputados Felipe Alejos, Boris España o el expresidente Álvaro Colom, e integrantes de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), sancionados en julio de 2021.
En este paquete de sanciones también se incluyó a dos magistrados, uno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otro de la Corte de Constitucionalidad (CC), y a un exmiembro del Consejo Superior Universitario (CSU).
En septiembre de ese año, las sanciones empezaron a acercarse al mandatario guatemalteco, con la designación en la lista de supuestos «actores corruptos y antidemocráticos» de la Fiscal General, María Consuelo Porras.
Cuatro meses antes, Giammattei la había reelegido en el cargo al frente de la Fiscalía, a pesar de los señalamientos de EE. UU. y de que los comisionados de Postulación fueron forzados por una resolución constitucional a incluirla en la lista de finalistas.
AMPLÍAN LISTADO
En mayo de 2022, las autoridades estadounidenses extendieron la prohibición a la familia de Porras y dos meses después sancionó al exrector de la Universidad de San Carlos (Usac), Estuardo Gálvez, a la diputada Sofía Hernández, y los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso.
Las sanciones se aproximaron más en diciembre de ese año, cuando el Departamento del Tesoro aplicó la Ley Magnitsky al diputado Allan Rodríguez, quien presidió el Congreso de la República. Él es una figura muy cercana al presidente Giammattei.
EXTREMADAMENTE CERCA
Pero fue este año, a raíz de los intentos por revertir los resultados electorales, que Washington acercó más las sanciones al mandatario guatemalteco.
El 31 de octubre pasado, se incluyó en la lista de personajes antidemocráticos que tienen vetado el ingreso a EE. UU. a dos de sus exministros: Gendri Reyes, quien dirigió la cartera de Gobernación; y Alberto Pimentel, quien estuvo al frente del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Además, a Óscar Rafael Pérez, actual viceministro de Desarrollo Sostenible, también del MEM. Asimismo, el 8 de noviembre se supo que las autoridades estadounidenses también habían retirado la visa a la actual presidenta del Congreso, Shirley Rivera.
Finalmente, las sanciones se acercaron más a Giammattei el pasado viernes 1 de diciembre, cuando el Departamento del Tesoro sancionó a Miguel Martínez, exjefe del extinto Centro de Gobierno, hombre de confianza y pareja del mandatario, bajo la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad y Derechos Humanos, y lo incluyó en el listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
El cargo que desempeñó en el gobierno de Giammattei fue una especie de línea de mando paralela al Gabinete de Gobierno, instancia que debe coordinar el vicepresidente, y que fue señalada de ilegal.
Esta sanción es una de las más fuertes que impone Estados Unidos, ya que congela los bienes y activos que el señalado tenga en ese país y le prohíbe a tener vínculos con instituciones financieras estadounidenses. Expertos han señalado que esta es el equivalente a la “muerte financiera” de una persona.
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REYES: “RELACIÓN SE FUE DETERIORANDO”
A consideración de Luis Miguel Reyes, director del Área Social de la Fundación Libertad y Desarrollo, EE. UU. siempre que llega un nuevo gobierno intenta establecer relaciones normales, pero que en el caso de la administración de Giammattei progresivamente estas se fueron deteriorando.
“El apoyo de Estados Unidos fue clarísimo desde el inicio”, destaca el analista. Pero la confianza se fue perdiendo hasta llegar a un punto crítico después la segunda vuelta electoral, al notar la “falta de claridad del presidente Giammattei con esta intentona de golpe de Estado”.
Reyes añadió que es probable que Washington sancione a más actores antidemocráticos como jueces o fiscales que se han prestado a cometer abusos, o que endurezca las medidas ya impuestas a través de la Ley Magnitsky, algo que ocurre después de un análisis e investigación serios.
WAGNER: GOBIERNO DICE MUCHAS COSAS
El internacionalista y profesor universitario Roberto Wagner coincidió en que el problema es que el Gobierno de Giammattei dice muchas cosas, pero no las lleva a la acción.
En tal sentido, considera probable que de ahora al 14 de enero de 2024, los actores que han tratado de revertir el orden de las elecciones persistan en el intento.
“La pelota está en la cancha del Gobierno”, pero “hay un animal herido, y un animal herido es muy peligroso”, subrayó.
RODRÍGUEZ: EE. UU. HA IDENTIFICADO A GIAMMATTEI
La analista política Lucy Rodríguez afirmó que la reciente sanción a Miguel Martínez demuestra que EE. UU. ha detectado al presidente Giammattei como “el centro de la estrategia” que busca revertir los resultados electorales.
Expuso que el mandatario guatemalteco no ha sido sancionado aún por las implicaciones que eso representa, y porque todavía es el jefe de Estado, pero “quizás ocurra” después del 14 de enero de 2024, cuando deje el cargo.
