El Congreso de El Salvador aprobó el miércoles una nueva prórroga al régimen de excepción, el cual suspende los derechos constitucionales relacionados con la defensa y detención de las personas y la privacidad de las telecomunicaciones, en el marco de una política de mano dura en el combate a las pandillas.
El decreto mantiene la suspensión de los derechos de una persona a ser informada de los motivos de su detención y a contar con un abogado defensor. Además, permite extender la detención administrativa de 72 horas a 15 días, y levanta la prohibición de la interferencia a las telecomunicaciones sin una autorización judicial.
La medida se prorrogó por otros 30 días en todo el país — desde el 13 de diciembre de 2023 al 11 de enero de 2024 — con los votos de 66 de los 84 diputados del Congreso unicameral.
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POR VIGÉSIMA PRIMERA APROBACIÓN
La vigésima primera ampliación del régimen de excepción se produce un día después que Amnistía Internacional llegó a El Salvador para denunciar un alarmante retroceso en el respeto y la protección de los derechos humanos, y para alertar sobre una gradual sustitución de la violencia de las pandillas por la violencia estatal, cuyas víctimas siguen siendo personas de comunidades en condición de pobreza que históricamente han estado bajo el acecho de la delincuencia.
Amnistía Internacional instó al gobierno salvadoreño a derogar el estado de excepción — vigente desde el 27 de marzo de 2022. También recomendó garantizar el retiro de ordenado de las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública y fortalecer las capacidades de la Policía Nacional Civil.
Según el informe de Amnistía, hasta octubre de 2023, organizaciones de derechos humanos han registrado más de 73.800 detenciones, 327 casos de desaparición forzada y más de 190 muertes bajo custodia estatal.
El gobierno asegura que las medidas extraordinarias “han sido exitosas” y que se ha capturado a 74,000 personas, pero que aún se mantienen “miembros terroristas y sus liderazgos en libertad”. Los jueces han puesto en libertad a más de 7.000 personas.
“Con la aprobación del régimen de excepción, le damos a los salvadoreños la protección que tanto merecen. Los terroristas hicieron lo que quisieron en nuestro país durante décadas, pero eso se terminó”, expresó el diputado Guillermo Gallegos del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).
En tanto, el diputado César Reyes de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) afirmó que «son miles de salvadoreños inocentes que han sido capturados arbitrariamente y están pagando una condena que no deberían de estar pagando«.
“La gente no pide régimen, la gente pide seguridad”, agregó la diputada Marlení Funes del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que, al igual que las ocasiones anteriores, votó en contra de la prórroga.
CONTEXTO
El régimen de excepción se instaló después de que el país registró en un solo día 62 homicidios atribuidos a pandillas.
En 2015, El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo, con 6.656 homicidios, y una tasa de 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En los primeros 11 meses de 2023, la Policía Nacional Civil registra un descenso del 67% menos respecto a los 598 asesinatos durante el mismo período del año anterior.
Finalizamos el miércoles 06 de diciembre, con 1 homicidio en el país, ocurrido en Ciudad Arce, este crimen ya se resolvió con la captura de los responsables. pic.twitter.com/OzFln92hXw
— PNC El Salvador (@PNCSV) December 7, 2023
