La Ley Magnitsky cobró protagonismo nuevamente tras la sanción que la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso a Luis Miguel Martínez, exjefe del extinto Centro de Gobierno, hombre de confianza y pareja del presidente, Alejandro Giammattei, por su «papel en la corrupción de Guatemala» y supuestamente recibir sobornos para pactar un contrato de 16 millones de vacunas Sputnik-V adquiridas por el Gobierno a Rusia durante la emergencia del COVID-19 en 2021.
Martínez saltó al ojo público tras su llegada al poder, posicionado por Giammattei. Pese a no ser funcionario, goza de beneficios como la custodia de agentes de la Secretaría de Asuntos de Administración y Seguridad de la Presidencia (SAAS) y prebendas de otras instituciones del Estado, como la celeridad que el Ministerio Público (MP) le dio a una denuncia que presentó, según lo documentado por este diario.
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¿QUÉ ES Y CÓMO AFECTA A MARTÍNEZ?
La Ley Magnitstky persigue a personas de distintas nacionalidades a las cuales se acusa de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Su fin es congelar los activos de estos, que pudieran tener en EE. UU. para evitar su financiamiento y también prohíbe su ingreso al territorio de ese país.
Dicha ley fue aprobada en EE. UU. en 2012 y tenía como fin sancionar a ciudadanos rusos, específicamente a funcionarios del gobierno de Vladimir Putin, acusados de estar involucrados en la muerte del contable fiscal ruso Sergei Magnitsky, quien falleció en una prisión de Moscú en 2009 tras investigar un supuesto fraude fiscal perpetrado por el Gobierno de Rusia.
La ley contempla el retiro de visas para ingresar al referido país norteamericano, la incautación de cualquier propiedad que la persona pueda tener en ese territorio, y la congelación de sus activos.
Ahora, Martínez fue designado por «ser una persona extranjera que es un funcionario gubernamental actual o anterior, o una persona que actúa para o en nombre de dicho funcionario, que es responsable o cómplice, o que ha participado directa o indirectamente en corrupción».
SEÑALAMIENTOS
En un comunicado oficial se lee: «hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Luis Miguel Martínez Morales (Martínez) por su papel en la corrupción en Guatemala, donde participó en esquemas generalizados de soborno, incluidos esquemas relacionados con contratos gubernamentales».
De acuerdo con el documento, Martínez fue designado de conformidad con la Orden Ejecutiva (E. O.) 13818, que se basa en implementar la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos y apunta a perpetradores de graves abusos de derechos humanos y corrupción en todo el mundo.
“Martínez buscó aprovechar su posición privilegiada para beneficio personal a expensas del pueblo guatemalteco”, señaló el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, Brian E. Nelson, y advirtió que “el gobierno de Estados Unidos seguirá responsabilizando a las personas cuyos planes corruptos socavan la democracia y dañan a las poblaciones de todo el mundo”.
«Martínez es el ex jefe del ahora desaparecido Centro de Gobierno, una poderosa agencia a nivel de casi gabinete creada por el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei al comienzo de su administración», precisó el Departamento.
De acuerdo con la información, «durante su mandato como jefe del Centro de Gobierno, Martínez fue considerado uno de los funcionarios no electos más poderosos del gobierno. Si bien actualmente no ocupa un cargo gubernamental, Martínez sigue siendo una de las personas más influyentes en la administración de Giammattei».
COMPRA MILLONARIA DE VACUNAS SPUTNIK V
De acuerdo con el Departamento de Tesoros de EE. UU., Martínez supuestamente influyó en el proceso de contratos gubernamentales para su beneficio y el de sus asociados cercanos.
«Martínez se confabuló con otros funcionarios del gobierno guatemalteco para adjudicar ilegalmente contratos a postores favorecidos fuera de Guatecompras, (el sistema formal de adquisiciones del gobierno guatemalteco). Martínez y sus conspiradores utilizaron una ley de adquisiciones anticuada para renunciar al proceso de licitación y asegurar contratos gubernamentales para empresas en las que él tiene un interés financiero», dijo.
De esa cuenta, la referida dependencia aseguró que «en 2021, Martínez solicitó grandes sobornos para facilitar la compra de las vacunas rusas Sputnik-V por parte del Gobierno de Guatemala».
Señaló que el Ministerio Público (MP), que dirige la Fiscal General, María Consuelo Porras, investigó a Martínez «por su papel en un controvertido pago vinculado a la compra de 16 millones de dosis de vacunas rusas Sputnik-V COVID-19 por parte del gobierno guatemalteco».
La Hora ha dado seguimiento al tema en varios trabajos publicados por este diario; sin embargo, el MP no responde sobre por qué la investigación en contra de Martínez no presenta avances. Por este caso también se vincula a Giammattei, quien considera a Porras como «su amiga».
Esta Redacción se comunicó con Martínez, y este evitó pronunciarse por la designación que la OFAC hizo en su contra, y aseguró que emitirá un comunicado después. Posterior a eso, colgó la llamada. En su perfil de Instagram afirmó: «no me intimidarán con la frente en alto», sostuvo.
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PRIVILEGIOS
Martínez goza de seguridad de la Presidencia; sin embargo, el Organismo Ejecutivo aseguró que no es cierto. No obstante, La Hora ha documentado dicho extremo, como consta en la nota Presidencia: Martínez no es del Ejecutivo, usa SAAS.
Al menos unos cinco agentes con intercomunicadores acompañaban a Martínez durante el acto en el cual el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a elecciones generales 2023, dos de ellos se mantenían lo más cercano posible, mientras que otros tres formaron un círculo de seguridad a su alrededor; en ese momento el hombre de confianza del presidente guatemalteco, como él lo llamó en enero de 2020, daba declaraciones a los medios de comunicación.
En octubre pasado, Martínez y su familia fueron expulsados de La Antigua Guatemala, en Sacatepéquez, por pobladores que lo vieron participar en una actividad dentro de una iglesia. En medio de empujones y gritos, los ciudadanos le reprocharon su actuar en la corrupción del Gobierno de Giammattei.
De esa cuenta, el exfuncionario presentó una denuncia y la Fiscalía Distrital de ese departamento investiga los hechos con celeridad, comparado con otros casos que se mantienen sin avances.
Seguridad del Estado e investigación "ágil": los privilegios de Miguel Martínez
