En Guatemala faltan ocho semanas para que termine el período constitucional del presidente Alejandro Giammattei, cuyo Gobierno pasará a la historia por su definición derechista, ultraconservadora y los altos niveles de corrupción e impunidad en el manejo de la administración pública. Los negocios oscuros y el saqueo de fondos públicos iniciaron en 2020 cuando a pocos meses de asumir el Poder, se declaró la pandemia de Covid 19 que le permitió acceder al uso discrecional de fondos millonarios del presupuesto nacional y otros millones adicionales provenientes de presuntas “donaciones” privadas, que hasta el día de hoy jamás rindió cuentas y por eso en aquellos funestos días, surgió el reclamo ciudadano contenido en la consigna que se hizo popular: ¿Dónde está el dinero?
No debe olvidarse, que la escasez de inmunizantes y las opacas negociaciones que rodearon la compra de vacunas rusas de las que millones de dosis terminaron vencidas, provocó miles de muertes de personas que bien pudieron evitarse. Tampoco borrar de la memoria colectiva, la promesa incumplida de construir hospitales para optimizar el acceso a la salud de millones de pobladores que, hoy siguen sin atención.
Al final del día, muchos de los fondos millonarios sirvieron al Gobierno para comprar voluntades y culminar el proceso de cooptar y controlar todas las instituciones públicas, con el propósito de servir perversos intereses individuales y corporativos abandonando el fin supremo del Estado que es, la realización del bien común.
Ahora que le queda pocas semanas al bloque de corruptos para deleitarse con las mieles del Poder, impulsan acciones desestabilizadoras y desesperadas de todo tipo, sobre todo ilegales y judiciales para perpetuarse en el ejercicio del Poder Público. Dichas acciones que impulsa el Ministerio Público (MP), amenazan la estabilidad democrática, el Estado de derecho y el ejercicio de derechos ciudadanos, entre estos, elegir y ser electos.
Todo esto ocurre porque en las pasadas votaciones generales la ciudadanía dijo ¡basta!, fueron abrumadoramente rechazados y derrotados en las urnas, con un resultado incuestionable que les cayó como balde de agua helada, algo inesperado porque estaban seguros que podían continuar con el festín que les brinda la corrupción e impunidad y que ahora se resisten a perder. En ese afán, están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para impedir que el 14 de enero de 2024, se entregue el Poder al binomio triunfador del partido Movimiento Semilla que personifican Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera.
Para conseguir tal fin y como consecuencia de controlar el sistema de justicia, los corruptos en el bloque de Poder pretenden anular las votaciones, promueven antejuicios contra el citado binomio, contra los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y contra el actual vicepresidente de la República. En caso de lograr que se retire el antejuicio a los actores citados, el propósito final es eliminar la posibilidad de que el binomio Arévalo-Herrera asuma el Poder en enero 2024 y que el Congreso Nacional controlado por el bloque de corruptos, designe un nuevo vicepresidente quien sería el ungido para asumir la presidencia. Este es el golpe blando y el escenario perverso que los corruptos pretenden imponer.
