Tras desmesurados atrasos para celebrar la audiencia de primera declaración en contra de nueve sospechosos por un supuesto caso de corrupción que apunta al desfalco de Q67 millones del Hospital Nacional de Chimaltenango, el juez Décimo Penal A, Víctor Cruz, decidió abrirles una investigación. Todos quedaron con arresto domiciliario.
Según la Fiscalía contra la Corrupción, los ahora sindicados habrían avalado y sido partícipes en la adquisición anómala de equipo médico para el referido centro asistencial, y de esa cuenta habrían cometido los delitos de fraude, lavado de dinero e incumplimiento de deberes.
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DESMESURADOS ATRASOS
El pasado viernes 3 de noviembre, fueron capturadas nueve personas señaladas con supuestos vínculos a la investigación; sin embargo, su situación legal fue resuelta hasta el pasado martes 14 de noviembre.
La audiencia estaba programada para las 9 horas, pero Cruz inició con la diligencia pasada las 19 horas y terminó a las 23 horas.
De esa cuenta, con base en los indicios presentados por la referida fiscalía, el juez decidió ligar a proceso a siete empleados de dicho Hospital, por el presunto delito de incumplimiento de deberes, pero les otorgó una medida sustitutiva de Q10 mil a cada uno.
Se trata de Carlos Roberto Ovalle Abaj, Mario Rodolfo Pineda Cifuentes, Ozni Eli Navas Delgado, Luis Estuardo Solórzano Veliz, Pedro Aguilar Sequen, Marlynn Melisa Marroquín Chali y Ovidio Morales Ortiz.
En cuanto a Carlos Humberto García López y Walter Humberto García Guerra fueron procesados por el delito de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos y se les benefició con arresto domiciliario y el pago de una caución económica de Q100 mil.
Asimismo, el juez otorgó un plazo de investigación de seis meses a la Fiscalía contra la Corrupción, por lo cual deberá entregar el acto conclusivo el próximo martes 14 mayo 2024. Para discutir la acusación en contra de los sindicados se fijó audiencia para el 5 de junio del próximo año.
PRESUNTO DESFALCO MILLONARIO
El pasado 15 de marzo, las autoridades develaron un caso de presunta corrupción, el único emblemático bajo la segunda administración de la Fiscal General, María Consuelo Porras, en el entonces recién inaugurado Hospital Nacional de Chimaltenango, el cual fue ofrecido por el presidente, Alejandro Giammattei, al inicio de su gobierno.
La construcción de la obra fue financiada por la República de China-Taiwán, a un costo estimado de US$22 millones, y el equipamiento del centro asistencial le correspondió al gobierno de Guatemala. Es decir, el desfalco millonario proviene de fondos públicos.
Por este caso ya fueron ligados a proceso penal el exviceministro de Salud, Gerardo David Hernández García; la representante legal de la empresa Voltar Intermediaria, S. A., Luisa Fernanda Villagrán Méndez; y el director del Hospital Nacional de Chimaltenango, Gerardo Arturo Fuentes Rubio, por el delito de fraude.
El juez Víctor Cruz está a cargo del proceso y en 2019 fue incluido por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la Lista Engel, señalado de supuestamente “entorpecer investigaciones de casos de corrupción y demorar indebidamente los procesos judiciales”. De esa cuenta, le fue revocada la visa y se le prohibió el ingreso a ese país.
