El expresidente Otto Pérez Molina deberá resarcir al Estado por más de Q4 millones, resolvió este lunes 30 de octubre el Juzgado de Mayor Riesgo B, derivado de haber sido condenado en el caso Cooptación del Estado, en el cual decidió acogerse a los beneficios de la Ley de Aceptación de Cargos.
Según el fallo de la referida judicatura, el exmandatario debe pagar una reparación digna de Q4 millones 69 mil al Estado de Guatemala.
Ante dicha instancia judicial, Pérez Molina aceptó haber recaudado fondos de manera ilícita para su campaña política con el extinto Partido Patriota (PP), en el 2011, y al llegar al poder, en 2012, habría incurrido en actos de corrupción.
El expresidente suma dos condenas. Una por el caso Cooptación del Estado, en la cual se le impuso una pena de prisión de 8 años.
Mientras que en diciembre de 2022, fue condenado a 16 años de prisión inconmutables por lavado de dinero y complicidad para cometer cohecho pasivo, por el caso La Línea.
En ese proceso, se les impuso el pago de una multa de Q8 millones, relativo al dinero que supuestamente habría lavado.
MÁS DE Q4 MILLONES
El pasado 6 de septiembre, Pérez Molina decidió declararse culpable en el caso Cooptación del Estado, y se acogió a la Ley de Aceptación de Cargos.
La jueza Eva Recinos lo condenó a ocho años de prisión conmutables por los delitos de lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude.
De esa cuenta, este lunes 30 de octubre la juzgadora celebró la audiencia de reparación digna en la cual estableció que el exmandatario debe resarcir al Estado por los ilícitos cometidos en agravio del Estado. La suma asciende a un monto de Q4 millones 69 mil.
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CULPABLE
Luego de que Pérez Molina aceptara la acusación que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) leyó en su contra, la jueza dictó la sentencia condenatoria delitos de lavado de dinero u otros activos fraude, y cohecho pasivo.
Dicha estructura estuvo liderada por el expresidente, según la investigación, en la cual se detalla que entre 2012 y 2015, recibió una suma estimada de alrededor de Q500 millones por comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de 70 contratos en diversas instituciones del Estado.
La acusación del caso permitió perfilar un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos diseñada de forma meticulosa para captar fondos durante la campaña electoral del PP del año 2011, que llevó a la Presidencia a ambos.
En el caso también figura como acusada la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, quien está a la espera de que se establezca si deberá enfrentar un juicio o no.
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