“La corrupción de los gobiernos comienza casi siempre por la de sus normas y principios.”
Montesquieu
Se ha tratado de confundir la defensa a la democracia, con la defensa a un partido político que tiene tanto derecho como los demás al debido proceso en tribunales objetivos e imparciales, es necesario separar por lo tanto el derecho de la población en general de exigir se respete su decisión expresada en las urnas, con el de los partidos políticos.
El problema mayor del país estriba en que, las instituciones se encuentran cooptadas, y esa cooptación las ha convertido en caricaturas de su deber ser, debiendo comprenderse que los guatemaltecos nos encontremos hartos de la ignominia en la que hemos vivido en los últimos años, y que se encuentre en la digna resistencia la única forma de exigir que los funcionarios públicos lleguen a las instituciones a servir a la sociedad, no a servirse de los dineros públicos, como ha sucedido.
Nuestro sistema de justicia se encuentra en funciones desde hace más de cuatro años, porque los diputados no han encontrado los nombres adecuados a sus necesidades para la indebida impartición de justicia con resoluciones a la carta, ¿Se ha incumplido con el mandato constitucional? Evidentemente, lo que constituye dejación de funciones, ¿Quién se ha rasgado las vestiduras? Nadie, el sistema ha colapsado, pero parece no tener importancia.
Nuestras carreteras semejan queso suizo de tantos baches, hoyos, barrancos y cuanta destrucción a la red vial se pueda imaginar la mente humada, debido a la corrupción enraizada en el CIV, en la que de acuerdo a investigaciones realizadas, se cobran comisiones a diestra y siniestra producto de contratos millonarios, sumado a las plazas fantasma en todas las instituciones del Estado, mientras el Ministerio de Educación durante toda la pandemia no realizó mejora alguna ni tampoco cambio en las escuelas públicas, por lo que los niños siguen recibiendo “clases” en condiciones infrahumanas, aunado a que nos encontramos sin medicinas en los pocos hospitales con los que contamos, es evidente que el Estado ha bloqueado el desarrollo social.
Mientras la desnutrición crónica se ceba en nuestros niños y los debilita física e intelectualmente, los ingresos públicos provenientes de los impuestos que pagamos los guatemaltecos más la deuda pública que cada año es más alta, son recursos que se van a los bolsillos particulares, creando una cultura en la que lo normal es el delito y lo anormal es la conciencia social.
Prueba y ejemplo de la situación de la falta de institucionalidad en nuestro país, es la actitud de la actual Fiscal, quien ha convertido un ente que no se ha distinguido precisamente por su ejemplaridad, porque muchos guatemaltecos hemos sido víctimas de su ineficiencia, en un instrumento para criminalizar la voluntad de las voces opositoras.
Esos son los problemas evidentes que afronta la población, de los que se encuentra cansada, motivo por el cual exige cambios, no nos llamemos a engaño, el problema está ahí, frente a nuestros ojos, negligencia histórica por parte del Estado, que ha incidido en falta de respuesta a las necesidades que por mandato constitucional debe satisfacer.
Para más Inri, y que desnuda lo que está sucediendo, circula oficio DSP-AG/785-2003, del 12 de septiembre en el que Alejando Giammattei haciendo uso de sus facultades como Presidente solicita se inicie investigación sobre un contrato administrativo para determinar si se puso en riesgo la transparencia del proceso electoral de primera y segunda vuelta, a lo que por medio el oficio DFG944-2023, del 18 de septiembre, la Fiscal responde que se ha iniciado el proceso de investigación, pero que para ejecutar algunos procedimientos necesita el apoyo de la CSJ, cierra diciendo que solicitó la colaboración de la presienta de la CSJ, para dar celeridad a los procesos de antejuicio de los magistrados del TSE, para lo que solicita su colaboración para que se una a su petición.
Como ciudadana y académica, me pregunto ¿Y la independencia de poderes? Entiendo que si existe una duda se inicie una investigación, pero ¿Por qué no la CGC, que es órgano que constitucionalmente debe investigar la suscripción de un contrato administrativo como el mencionado? La CGC determina la posible comisión de un delito, envía la denuncia al MP, y ahí inicia la investigación, claro esto dentro de la normalidad, cuando es a la carta, todo es diferente.
¿De qué parte de la historia nos colocaremos?
