El Ministerio Público (MP) por medio de un comunicado y derivado de una serie de protestas a nivel nacional que exigen la renuncia de la Fiscal General, María Consuelo Porras, aseguró que los manifestantes afectan la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala.
Desde el 2 de octubre autoridades indígenas tomaron puntos estratégicos en las distintas carreteras y bloquearon los tramos como parte de las acciones de un Paro Nacional Indefinido hasta que Porras y el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Currruchiche, renuncien.
Los manifestantes exigen la dimisión de los fiscales que han tratado de suspender la figura jurídica del partido Movimiento Semilla, del presidente electo Bernardo Arévalo. Los ciudadanos aseguran que desde el MP se fragua un Golpe de Estado para que Arévalo no asuma la banda presidencial.
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CONMINA A MANIFESTANTES
«Como institución encargada de promover la persecución penal, dirigir e investigar los delitos de acción pública, tiene la obligación constitucional y legal de prestar un servicio público ininterrumpido aún y cuando, mediante acciones ilegales, se intente atentar contra la función constitucional de la institución», inicia el comunicado.
De acuerdo con el ente investigador, hay «constantes atropellos e ilegalidades de los cuales ha sido objeto el Ministerio Público, para garantizar la atención a la población», pero el personal «se encuentra debidamente coordinado para seguir cumpliendo con la misión institucional de velar por una justicia eficaz para Guatemala».
«Es lamentable que grupos de personas quienes, debiendo manifestarse a través de las vías legales correspondientes, tomen medidas que no solo atentan contra los derechos humanos de los usuarios y del personal, sino también de las víctimas del delito que demandan acceso a la justicia», indicaron.
Asimismo, el MP señaló que «dichas acciones denotan posible inducción a delinquir, obstaculización a la acción penal, sedición y limitación del acceso a la justicia, entre otros».
Así también, enlistó que las manifestaciones supuestamente impiden el acceso a las instalaciones de la institución y «se violenta el derecho de defensa de las personas con citaciones programadas o seguimiento a expedientes en investigación».
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«Es evidente que la pretensión de estas medidas ilegales es la destrucción de la democracia y el Estado de Derecho, ya que existen vías legalmente establecidas», argumentó el MP.
MP «NO BUSCA INCIDIR EN RESULTADOS ELECTORALES»
Asimismo, el MP manifestó que «siempre ha cumplido y cumplirá con el mandato constitucional y legal que le corresponde del ejercicio de la investigación y persecución penal y siempre ha sido respetuoso de las funciones que le corresponden a las demás instituciones del Estado».
Resaltaron que sus acciones «no buscan incidir en los resultados electorales, carece de fundamento y resulta contradictorio, pues el propio Tribunal Supremo Electoral ha indicado públicamente que ya se oficializaron resultados y entregaron credenciales».
El ente investigador agregó que «lamenta profundamente este tipo de acciones ilegales que no solo vulneran gravemente los derechos de todos los guatemaltecos sino atentan contra la integridad de usuarios y el cumplimiento del mandato legal de la institución, lo cual pone en riesgo las investigaciones y el acceso a la justicia».