Exjuez Carlos Ruano sale del país tras entregar el cargo; justifica acción por acoso

Diego España

El exjuez Carlos Ruano informó a La Hora este miércoles 27 de septiembre que salió del país tras entregar su cargo en el Organismo Judicial (OJ). Dicha acción la justificó por el acoso que se desarrolló en su contra como operador de justicia, así como para mantener su seguridad. Se considera un «perseguido político» derivado de la denuncia que en su contra presentó la Fundación contra el Terrorismo (FCT), y sumó a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling.

Ruano desempeñaba su función como juez titular del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, en donde conoció varios casos, incluido el que se siguió en contra de Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada, por el caso IGSS-Pisa.

El ahora exjuez se suma a más de treinta exoperadores de justicia que son perseguidos por su trabajo en contra de la corrupción. Varios están procesados de forma penal en el país, mientras que otros lograron dejar el territorio nacional y se encuentran en el exilio.

Ruano es el tercer juez que busca protección en el extranjero. La FCT lo denunció por supuestamente haber cometido delitos cuando grabó una conversación que sostuvo con Stalling, en la cual le habría pedido que influyera en el Tribunal para que su hijo fuera beneficiado con una medida que le permitiera salir de la cárcel.

 

Ese audio fue presentado ante el Ministerio Público (MP), lo cual originó una investigación en contra de la magistrada, quien fue procesada ante los juzgados y separada de su cargo, pero pudo volver tras haber sido cerrado el caso en su contra.

Ruano calificó la denuncia de la FCT como un acto «vil y cobarde de venganza, en contubernio de la magistrada Blanca Stalling». El exjuez la señaló ante el MP en 2017 por tráfico de influencias.

ABANDONA EL PAÍS

En febrero pasado, la CSJ aceptó darle trámite al retiro de inmunidad contra Ruano. La FCT lo denunció por cometer cinco supuestos delitos. Dicha organización dijo que el exjuez grabó de forma ilegal a la magistrada Stalling, y que la petición que ella le hizo no fue en su calidad de magistrada, sino como madre, lo cual fue rechazado por el exoperador de justicia.

El ahora exjuez por medio de una llamada a La Hora, indicó que se vio obligado al exilio principalmente por «el acoso, hostigamiento y riesgo a su integridad».

Además, dijo que tiene «sentimientos encontrados, por un lado; pero (estoy) satisfecho de 14 años de trabajo y servicio judicial sobresaliente con méritos profesionales», aseguró a este diario.

Sostuvo sentirse «defraudado por el sistema de justicia al que sirvió, ya que me dio la espalda y le dieron trámite a la denuncia espuria y falsa de la Fundación contra el Terrorismo».

A palabras de Ruano, tanto la CSJ como la FCT «se han prestado a este acto de venganza dirigido por Blanca Aída Stalling Dávila».

En marzo de 2022, la exjueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, dejó el país luego de que se presentara una solicitud de retiro de inmunidad en su contra «sin fundamentos», según señaló. Nueve meses después el juez Miguel Ángel Gálvez hizo lo mismo, la FCT también lo denunció.

EL ÚLTIMO JUEZ EN LA MIRA

En un reportaje de La Hora, el exjuez Ruano aseguró que la CSJ y la FCT lo tenían a un paso de la cárcel. En 2014, Ruano fue nombrado como juez suplente del Tribunal Noveno. Así llegó a conocer su primer caso de corrupción, denominado IGSS-Pisa. Entre los acusados estaba Molina Stallingg.

“Muchos jueces fueron llamados por teléfono a su despacho para que el Tribunal estuviera completo, faltaba un juez vocal. Cuando me llamaron, yo cumplí y conocí el juicio”, dijo. Ruano aceptó, confiando en el sistema de justicia. Su participación en ese caso marcó su carrera en el Organismo Judicial (OJ).

 

El 1 de septiembre de 2016, el juez fue citado al despacho de Stalling, en el Palacio de Justicia. El hijo de la funcionaria estaba en prisión preventiva y ella buscaba un arresto domiciliario para él, detrás de una reunión con el juez.

A Ruano le generó suspicacia la cita, aseguró. Entre nervioso, pero decidido, inició una grabación de voz con su teléfono celular antes de entrar al despacho de Stalling. “Me atendió por más de 30 minutos, y me pidió que dejara libre a su hijo porque estaba en prisión”, contó.

El juez denunció a Stalling y en consecuencia la magistrada perdió su inmunidad. Se mantuvo prófuga, y en febrero de 2017 fue capturada en una tienda de abarrotes, usaba una peluca y lentes oscuros para pasar desapercibida.

La magistrada pasó más de un año y medio en prisión, luego se le otorgó una medida sustitutiva y para junio de 2022 un juzgado resolvió cerrar el caso en su contra. De esa cuenta, tres meses después fue reinstalada a su cargo como integrante de la CSJ y recibió Q5.7 millones en salarios y prestaciones dejados de percibir desde 2017.