La fiscal Cinthia Monterroso, y la jefa del Ministerio PúblicoMaría Consuelo Porras.
La fiscal Cinthia Monterroso, y la jefa del Ministerio PúblicoMaría Consuelo Porras. Foto La Hora/Roberto Altán

La fiscal Cinthia Monterroso, quien participó en cuestionadas investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), fue ascendida a fiscal regional de la Región Nororiente del país por orden de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta. Esto en medio de señalamientos de interferir en el proceso electoral y transición del gobierno. Analistas consultados por La Hora coincidieron en señalar que más allá de un premio, el órgano encargado de la persecución penal busca oxigenarse por las pesquisas efectuadas en contra de jueces, fiscales, políticos y periodistas.

La sede de la dependencia que dirigirá la fiscal se encuentra en Zacapa, y desde allí tendrá que conocer hechos de lugares como el referido departamento, Izabal y Chiquimula, entre otros.

El pasado lunes 18 de septiembre, el MP informó acerca del ascenso de Monterroso. En julio último fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos al ser ingresada a la Lista Engel, que agrupa a supuestos «actores corruptos y antidemocráticos» de Guatemala, El Salvador y Guatemala. A ella se le señala de intervenir en casos «espurios y persecuciones políticas».

El traslado de la fiscal se suma a varios que fueron hechos por Porras dentro del ente investigador. Ante ello expertos en materia de justicia y política apuntan a que la fiscal general busca sacarla del ojo público y reestructurar la FECI, ahora dirigida por Rafael Curruchiche.

UN PERFIL MÁS BAJO

Para Carmen Aída Ibarra, directora de Movimiento Pro-Justicia: «hay un reajuste y reacomodo en el Ministerio Público y por eso ha habido tanto movimiento y destituciones. Seguramente la Fiscal General está tratando de refrescar a su equipo, más allá de si es un premio a fiscal regional para Monterroso», dijo.

Además, señaló que el cambio se apega a buscar un perfil bajo para la ahora fiscal regional. «Ella es una más de estos sancionados. Ha seguido órdenes ilegales de Curruchiche y Porras, por lo tanto, la están apoyando con un nuevo aire», sostuvo.

Ibarra finalizó en que el desempeño laboral durante el último año de Monterroso en la FECI ha sido «fatal para su perfil profesional y persona en términos generales».

TRATAN DE QUITARLA DEL OJO PÚBLICO

El doctor en Ciencias Sociales, Pablo Rangel, dijo que con el traslado de Monterroso a una fiscalía ubicada fuera de la capital se trata de alejarla de las críticas que se generaron derivado de su trabajo en la FECI.

«Tratan de quitarla del ojo público para oxigenar la imagen de la FECI, que se ha visto muy deteriorada en los últimos días y años. La presión de la comunidad internacional se suma, y ese cúmulo no pasa desapercibido en cualquier institución».

El experto apuntó que los últimos movimientos administrativos del MP responden a una «consolidación de sus bases y equipo, en términos hasta ideológicos».

Rangel consideró que Monterroso es enviada a esa región para consolidar las bases en un área que no había sido trabajada en los últimos años.

A palabras del entrevistado, la FECI con Monterroso utilizó la ley de una manera muy radical en contra de sus «enemigos políticos». Agregó: «instrumentalizan la ley en términos de lawfare (guerra jurídica) para atacar a los enemigos», dijo.

BUSCAN RESTAR CRÍTICAS

Ovidio Orellana, ex presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y ex secretario de la Corte de Constitucionalidad (CC), explicó que es «una forma de no estar ni seguir en el ojo de la población ni de los medios, quienes han realizado una exposición negativa de la labor del Ministerio Público en general y de esa Fiscalía en particular».

Orellana consideró que lo anterior «probablemente ha pesado en la vida personal, familiar y profesional de esta clase de funcionarios, de ahí que se opte por tomar decisiones que disminuyan esa exposición».

«Eso no reduce los efectos, secuelas y consecuencias de los actos realizados, como tampoco que por esos cambios, se borre la imagen negativa que de ellos, lamentablemente, ya existe en la población», indicó el profesional del derecho.

La Hora consultó con la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) y la Fundación Libertad y Desarrollo para conocer su postura sobre la nueva designación de Monterroso, pero no hubo respuesta a las llamadas.

SOBRE MONTERROSO

Monterroso comenzó su trabajo en la FECI cuando el jefe de esa oficina era Juan Francisco Sandoval, y saltó a la palestra por señalamientos de la ex jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, de supuestamente tratar de obstruir la justicia. Por eso pidió a Porras una investigación penal y otra administrativa en su contra.

Sin embargo, su imagen se fortaleció por las diferencias entre ella y Sandoval, tras haber sido nombrada por la Fiscal General para continuar con los expedientes de la FECI que se encontraban en el Juzgado de Mayor Riesgo D.

Finalmente, con la destitución del ex jefe de la FECI, el nombre de Monterroso causó mayor relevancia, especialmente por tratarse de una empleada del MP de mucha confianza de Rafael Curruchiche, quien asumió la jefatura de la referida unidad de investigación.

Casos en contra de exoperadores de justicia y periodistas le fueron asignados, los cuales son señalados por organizaciones internacionales como montajes.

Ha estado a cargo de operativos que forman parte del proceso que se sigue contra el partido político Movimiento Semilla y de una denuncia que investiga los resultados de la primera vuelta electoral del 25 de junio último.

El presidente electo, Bernardo Arévalo, la señaló de supuestamente orquestar un “golpe de Estado” en contubernio con el juez séptimo penal A, Fredy Orellana, Porras y Curruchiche, todos sancionados por EE. UU. en la Lista Engel.

La Agencia 8 de la FECI, de la que Monterroso es parte, tenía en su poder el expediente de un caso en el que un testigo, conocido como «Testigo A», vinculó al presidente, Alejandro Giammattei, con un soborno entregado por un exfuncionario relacionado con empresas constructoras y contratos de obra pública; sin embargo, las pesquisas no avanzan.

En 2019, cuando la ex jueza de Mayor Riesgo, Erika Aifán, le corrigió sus argumentos de acusación en el caso Asalto al Ministerio de Salud, Monterroso colocó una denuncia en su contra, y otra disciplinaria. La jueza está en el exilio.

El rostro de Monterroso se popularizó por medio de volantes cuando en protestas se le señaló junto a Curruchiche y Porras de instrumentalizar la justicia para procesar a Jose Rubén Zamora, periodista y fundador del extinto diario elPeriódico. El caso fue calificado internacionalmente como una estrategia para acallar a la prensa.

Diego España
Escribo sobre política, justicia y sectores vulnerables. Comprometido con la memoria histórica y en informar verazmente. Considero que las disidencias nos hacen ver y cuestionar la realidad haciéndonos más humanos.
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