El argumento de firmas falsas contra el secretario del Partido Político Movimiento Semilla no sólo es un pseudo argumento contra Bernardo Arévalo, es; principalmente, un ataque frontal a la débil democracia nuestra. Este argumento es más falso que la tesis de doctorado de Consuelo Porras, más falso que las palabras forzadas de Alejandro Guiammatei de que entregará el poder a Bernardo Arévalo el 14 a las 14. La campaña mediática emprendida por Curruchiche sólo tiene por objetivo crear una narrativa que siembre dudas, eso es todo. El Ministerio Público MP no tiene nada, nada de nada en contra de Arévalo ni en contra de Semilla, solo tiene casos falsos, tan falsos como ellos.
Para entender la falsedad del caso de «Firmas Falsas» veamos el artículo 50 de la Ley Electoral de Partidos Políticos, que copio literalmente (itálicas mías).
«Hojas de adhesión. Todo comité para la constitución de un partido político, una vez inscrito en el Registro de Ciudadanos, tendrá derecho a que éste le proporcione, a su requerimiento, suficientes hojas de adhesión debidamente numeradas y autorizadas. Las hojas de adhesión serán requeridas únicamente para la inscripción del partido político; podrán ser individuales o colectivas, pero en este último caso no podrán llevar espacio para más de diez firmas. Al respecto, cada comité designará una persona responsable para obtener y verificar la veracidad de los datos de cada ciudadano que manifieste su intención de adherirse. …En tal sentido, cada hoja de adhesión deberá ser encabezada con una declaración jurada del ciudadano designado como responsable de la misma, la cual deberá contar con su firma legalizada por Notario».
Más claro no puede estar. Hasta un estudiante de primer año de derecho conoce este artículo. Curruchiche sabe que la responsabilidad de las supuestas firmas falsas no está en el secretario del partido político sino en la persona designada para la adhesión de ciudadanos al partido político. Si ese no fuese el caso, cualquier persona puede llenar hojas de adhesión con firmas falsas y luego sindicar al secretario de cualquier partido para que este partido sea suspendido. En otras palabras, la ley es clara, la supuesta existencia de firmas falsas no es responsabilidad del secretario general de un partido y esto lo sabe Consuelo Porras y Rafel Curruchiche. Dudo que lo sepa el juez de la corrupción Orellana porque éste firma a diestra y siniestra lo que le llevan a firmar los golpistas sin siquiera leerlo.
Como el caso en contra del Partido Político Semilla lo tienen en reserva eterna el MP y aparece de forma sorpresiva justo cuando Bernardo Arévalo pasa a la segunda vuelta, uno no puede leer de qué se tratan estas acusaciones. Lo cierto es que tanto Porras, Curruchiche y Orellana han violado cuanta ley electoral existe. Ellos saben que la ley electoral es de carácter constitucional y por lo tanto están violando la Constitución, pero no les importa. Parece que tienen motivaciones mayores para burlarse de todos los guatemaltecos para asumirse el derecho, estos tres, de escoger presidente por todos nosotros.
Porras, Curruchiche y Orellana, reciben órdenes de un grupo de ladrones, incluyendo el manipulador compulsivo Alejandro Giamattei y su pareja sentimental, Miguel Martínez, quienes se han arrogado el derecho a escoger presidente y como no les gusta este (Arévalo) pues ellos nos escogerán otro. Como no les gusta el sistema republicano y democrático nuestro quieren imponer un sistema monárquico y dictatorial donde ellos sean los reyes y nosotros sus esclavos. Estos peones, Giaammattei y Martínez siguen las instrucciones de un grupo de empresario deshonestos, coludidos con narco militares al asecho que encuentran eco en funcionarios públicos dispuestos a defender sus privilegios hasta la muerte. Estos son El Pacto de Corruptos. Estos «guatemaltecos», principalmente Porras, Curruchiche y Orellana violan nuestra Constitución porque:
- ejercen actos que tienen el objetivo de cambiar a la misma Constitución,
- ejercen acciones ilegales que tienen por objetivo cambiar el régimen democrático de Guatemala,
- usurpan las funciones constitucionales del Tribunal Supremo Electoral violando la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Y por si esto no fuese suficiente las acciones de Curruchiche y de la fiscal Porras violan los tiempos procesales, esto es los plazos porque para impugnar un acto y posteriormente suspender a un partido político la misma Ley Electoral da los plazos respectivos y esto solamente lo puede hacer el Tribunal Supremo Electoral. Ya estoy cansado de repetir esto.
Por tanto, la acción de amparo solicitada por el presidente electo Bernardo Arévalo el día lunes 18 de septiembre tiene toda la base legal correspondiente, decreto 1-86 de la Ley de Amparo, a juzgar porque la fiscal general y jefa del Ministerio Público ha atentado contra lo más sagrado de los guatemaltecos, el derecho a elegir. Hará falta algo más que decir que este día estarán fumigando, para que la magistrada presidente del Pacto de Corruptos acepte el amparo en las puertas de la Corte Suprema de Justicia.
