El malestar de grupos ambientalistas, sociales, sindicales y estudiantiles crece en Panamá en contra del contrato acordado por el Estado con una transnacional canadiense para la extracción de cobre en una zona boscosa al norte del país. Se trata de la mayor explotación minera de ese metal y una de las inversiones privadas más grandes en Centroamérica.
Un grupo de integrantes de los sindicatos de la industria de la construcción y de la Universidad pública de Panamá llegó al mediodía del miércoles hasta una plaza colonial próxima al palacio presidencial para rechazar pacíficamente el contrato minero, que se debate en una comisión de la Asamblea Nacional.
“¡Abajo el contrato minero!”, gritaban. Una mujer mostró una pancarta en que se leía: “No a la mina, sí a la vida, sí a la soberanía, viva Panamá”.
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En las últimas semanas se han registrado otras protestas cerca de la sede legislativa, en la Universidad de Panamá y manifestaciones en varias provincias del país, presionando al ejecutivo a echar para atrás el contrato con Minera Panamá, una filial de la canadiense First Quantum.
Tras más de un año de conflictivas negociaciones y luego de que el gobierno ordenara el cierre de operaciones de la mina al acusarla de no cumplir un acuerdo pactado a inicios de 2022, se alcanzó un contrato en marzo que permitirá la operación de la mina por 20 años y prorrogables por 20 más.
El gobierno aseguró al país que con ese contrato el Estado lograba mayores aportes en concepto de regalías, pago de impuestos e ingresos mínimos por 375 millones de dólares que, según aseguró, representan diez veces más de lo que estaba recibiendo desde que dio en concesión la actividad minera a fines de 1990.
Los críticos dicen que el Estado está haciendo demasiadas concesiones a la minera y advierten del impacto medioambiental de la actividad a cielo abierto en una zona boscosa y de importancia hídrica.
