Ayer se produjo la gota que rebalsa el vaso porque, contra el Orden Constitucional que establece las competencias para conocer en temas electorales, la Fiscalía contra la Impunidad (FECI), autorizada por el mismo juez que le ha dado luz verde a todas sus peticiones en el caso Semilla, ordenó el allanamiento y el secuestro de cajas que contienen votos de la primera vuelta de la elección última. Eso constituye, absolutamente, una ruptura de nuestro ordenamiento legal porque la FECI rompió la cadena de custodia de los sufragios emitidos libremente por la población, que únicamente compete al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Si alguna duda quedaba de hasta dónde llegaría la Fiscal General con sus subalternos Curruchiche y Monterroso ahora ya está clara la intención del Ministerio Público (MP) de alterar el resultado de la elección y, por lo tanto, la investidura de Bernardo Arévalo y Karin Herrera como Presidente y Vicepresidenta electos por la voluntad popular. Si el MP recibe una denuncia sobre temas electorales, para ello existe una fiscalía específica, pero Porras y Curruchiche decidieron solicitar al mismo juez que lleva el caso Semilla, dentro de la misma causa, que ordenara el allanamiento y secuestro de las papeletas de votación.
Por ahora, el tema pasa a manos de la Corte de Constitucionalidad (CC) con lo que la ciudadanía tendrá la oportunidad de calibrar exactamente dónde estamos parados en cuanto al alineamiento de las instituciones de justicia dentro de los esfuerzos por descarrilar el proceso electoral. Podemos suponer, con fundadas razones, que las acciones penales iniciadas contra Porras, Curruchiche y Monterroso se estancarán en el mismo pantano en el que se atoraron los principales casos de corrupción relacionados al dinero público, ello debido al control absoluto del sistema de justicia, pero la postura de la CC, ante un Amparo interpuesto por el TSE será clave para que el ciudadano calibre la realidad.
En este momento se ve la soledad de quienes dirigen el MP porque es unánime el rechazo a un proceder que, léase bien, rompe el orden constitucional, tal y como lo explicamos al inicio de este editorial. No hay siquiera una voz seria de apoyo a ese accionar y, por el contrario, crecen las voces que critican una acción que carece totalmente de respaldo legal. Nacional e internacionalmente el rechazo es absoluto porque se entiende que decidieron cruzar el Rubicón y hemos llegado a un punto en el que no hay retorno porque, como bien dice el TSE, se rompió la cadena de custodia de los votos.
El MP no puede hablar de esa custodia cuando su imparcialidad y objetividad fue tirada por los suelos con esta última acción que obliga al ciudadano a entender la realidad que nos desafía.
