En el último programa “Decisión Libre” estuvieron presentes representantes de los 48 Cantones de Totonicapán, el Presidente del CACIF (Ignacio Lejárraga) y ciudadanos como Lionel Toriello y Aquiles Faillace, en dos segmentos. Además, estuvo el Arzobispo Metropolitano y el Jefe de la Misión Electoral de la Unión Europea. En el primer segmento la Junta Directiva de los 48 Cantones estuvo representada por su presidente Luis Pacheco, Basilio Puac (vicepresidente), Héctor Chaclán (tesorero) y Rolando Castro (secretario). Resaltamos el hecho que hayan participado los directivos en forma colectiva porque, cuando hablamos de una institución como los 48 Cantones hay que destacar el hecho que se trata de un sistema comunal de gobierno (como ha sido denominado por la académica Gladys Tzul en su tesis doctoral) y que en nuestras propias investigaciones hemos dicho que se trata de la expresión de un sistema de democracia comunitaria directa, solo comparable con la democracia directa suiza, cuyos directivos ejercen sus cargos, sin percibir remuneración alguna (algo notable en este país en el cual el sistema político nacional se caracteriza no solo por lo corrupto de buena parte de sus integrantes sino por los altísimos salarios de los altos funcionarios, comenzando por el presidente de la república) durante el lapso de un año, después de ser electos en asamblea comunitaria. Además, debe recordarse que el régimen de propiedad en los 48 Cantones es comunal y así se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad. De manera que – tratándose de un colectivo social – nada más lógico que presentarse como tales en el ya mencionado programa de Prensa Libre.
El presidente del CACIF fue muy claro cuando respondió a la pregunta de Alejandra Álvarez, conductora del programa, sobre cómo defender la democracia señalando que debe hacerse respetando el Estado de Derecho al mismo tiempo que mencionó la satisfacción – de esa instancia de coordinación del sector empresarial – con el proceso electoral y con el hecho que las dos vueltas se hayan celebrado con normalidad al igual que con la oficialización de los resultados hecha por el TSE: Bernardo Arévalo “debe ser el nuevo líder de la nación”, dijo, y el CACIF “se ha puesto a disposición” para “lograr un consenso a nivel nacional”. Sin embargo, interrogado acerca de las acciones en que ha incurrido el MP para entorpecer y obstaculizar a Semilla, Lejárraga dijo, de manera ambigua y poco clara, que “al mezclarse lo legal con lo político” esto debería ser resuelto de conformidad con “el debido proceso” (y, de pasada, mencionó que la aplicación del artículo 92 de la LEPP no era “necesariamente válida”, algo extraño que hubiese requerido aclaración) olvidando que ese es precisamente uno de los puntos en que han insistido los abogados de Semilla (que no hay tal “debido proceso”) porque hasta la fecha se les ha vedado a sus defensores enterarse en qué consiste la acusación de la FECI – independientemente del hecho que cualquier acusación es ilegal (por ser contraria al artículo 92 de la LEPP cuya jerarquía superior es incuestionable – a pesar de las dudas del presidente del CACIF – pues no se puede suspender la personería jurídica de un partido político en pleno proceso electoral). Por cierto, en dicha ilegalidad también incurrió, extrañamente, el Registrador Ciudadano el mismo día de la oficialización de los resultados en un hecho que acaba de ser corregido por el TSE al señalar que el proceso electoral termina oficialmente hasta el próximo 31 de octubre, de modo que el Congreso de la República también deberá enmendar la ilegalidad cometida por su presidenta restituyendo a Semilla en sus derechos.
Cuestionados en el mismo sentido, para los 48 Cantones aparte de señalar que “Guatemala ya cambió” y que se ve como un hecho positivo la “unificación de diversos sectores” (indígenas, económico, etc.) – a diferencia de lo expresado por Lejárraga en relación a la defensa de la democracia – indicaron que ésta consiste precisamente en rechazar la ilegalidad de las acciones promovidas por el MP y el juez séptimo, pues salta a la vista para cualquiera que tenga mínimos conocimientos jurídicos que, precisamente por ser la Ley Electoral y de Partidos Políticos una ley de rango constitucional ésta debe prevalecer sobre cualquier otra ley inferior, como es el caso de la normativa invocada por el susodicho juzgador ( aunque “solo es un juez, no son todos”, señalaron), quien al promover acciones en el ámbito penal lo que se busca realmente no es la sanción de un delito a todas luces prefabricado (por eso es inapropiado pedir que se resuelva mediante el “debido proceso”), sino el desconocimiento de la voluntad popular. O, dicho en otras palabras, un juez pretende ir en contra de la voluntad, expresada en las urnas por dos millones y medio de ciudadanos guatemaltecos: es en esto en lo que consistiría (si lo dejamos seguir adelante) el golpe de Estado denunciado por el presidente electo. De modo que los supuestos ilícitos penales no solo son deleznables montajes sino que esconden el “plan B”, denunciado por Roberto Arzú, consistente en impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo el próximo 14 de enero. Esa es la trama del grupúsculo dictatorial que se resiste a abandonar el poder y nos parece que más le valdría al sector empresarial organizado (“coordinado”) por el CACIF admitir algo tan evidente. Democracia o barbarie: esa es la alternativa real en juego, no ningún “debido proceso”.
Aparte de esa diferencia notable en el planteamiento de los dos sectores entrevistados por Alejandra Álvarez, hubo una coincidencia también digna de destacarse, porque – entre otras cosas – ambos estuvieron de acuerdo en la necesidad de iniciar un diálogo (lo que en anteriores artículos he denominado “acción comunicativa” ) a fin de poder establecer las bases de un entendimiento entre el sector privado y los pueblos originarios, de los cuales los 48 Cantones son, sin lugar a dudas, uno de los más preclaros representantes – junto a otros colectivos sociales que sería largo enumerar – pero dentro de las cuales han destacado por su activismo en estos meses de accidentados comicios, tanto las Autoridades Ancestrales de los pueblos Quichés, Chortís, Kaqchikel, Poqomam y Zutujil como las alcaldías indígenas de Sololá y de los tres municipios del triángulo Ixil en el Quiché (Nebaj, Chajul y Cotzal) que están dando muestras de un espíritu y convicción ciudadanas que ya quisiéramos ver en las élites empresariales de este país. Como uno de los temas posibles – si tal diálogo llegara a darse – sobresalió el asunto de los bloqueos de carreteras, a lo cual los representantes de los 48 Cantones indicaron que cuando estos se han dado siempre se ha tratado de medidas tomadas como último recurso, cuando las autoridades se niegan a escuchar. Siendo obvio que el CACIF no necesita tomar ese tipo de medidas de hecho para hacerse escuchar por el gobierno: ¿sería posible que un buen entendimiento intersectorial pudiese conducir a la colaboración de los empresarios para que el gobierno atienda las peticiones de los pueblos originarios? Eso sí que sería novedoso.
En el segundo segmento del programa Lionel Toriello se refirió al hecho que no se trata de un simple cambio de gobierno sino de un cambio de régimen de modo que la “democracia de fachada y mentiras” en la que hemos vivido se transforme en una democracia auténtica. Hay dos “bandos” en pugna dijo, uno de ellos surgido en forma espontánea, casi “milagrosamente”, integrado por mayorías sociales de todo tipo (empresarios, clases medias, pueblos indígenas, estudiantes, trabajadores, etc.) que se encuentra en “ruta de colisión” con quienes buscan preservar el sistema autoritario corrupto. Aunque quienes buscan la consolidación de la democracia tienen “los números a su favor… unidos por la esperanza en un futuro mejor” y teniendo asegurado el triunfo en el largo plazo, en el corto plazo el bando de la corrupción podría llevar al país a una confrontación violenta. Para Faillace “metafóricamente” esto hace pensar en “dos gladiadores de circo romano” uno con el mazo de las “reformas” y el otro con el de la preservación del sistema. Al descriminalizarse la formación de partidos políticos en la nueva LEPP ésta debería prevalecer sobre el intento que hacen Porras y secuaces por continuar “criminalizando” a los partidos políticos en ese descabellado intento por hacernos retroceder a la vieja legislación electoral pre reformas del 85, que prohibía a los partidos de izquierda. Toriello reiteró que aunque “inexorablemente” el 14 de enero verá la transmisión de mando, esa búsqueda de una democracia auténtica podría dar lugar a manifestaciones de ingobernabilidad, pero los corruptos tendrán que ceder ante las medidas de una “amplia mayoría reformista” incluyendo, probablemente, a un CACIF (“cabeza visible de nuestra clase senatorial al estilo romano”) que, percatándose de la “inexorabilidad del proceso” se ponga “del lado correcto de la historia”, es decir, del lado del pueblo y de la mayoría ciudadana. Está por verse.
Faillace insistió en sus temores acerca del “cambio de régimen” que como “hecho consumado” puede provocar una “oposición férrea y destructiva” en el Congreso haciendo que el nuevo gobierno tenga que convivir con “alacranes en la camisa” impidiéndole llevar a cabo los cambios requeridos. Toriello, más optimista, recordó que hay tres factores que serán decisivos para salir del atolladero y lograr los cambios que el nuevo régimen requiere: el rol que le toca jugar a Washington, que ha dejado de “apuntalar” al sistema con su “inteligencia”, preocupado por la forma como la corrupción contribuye a los flujos migratorios hacia el norte; el papel de una opinión pública influenciada por redes sociales más que por los medios tradicionales, así como un ejército cuya nueva oficialidad “que no vivió el conflicto armado” se ha reconvertido “a la doctrina del general Gramajo” sobre la institucionalidad de las fuerzas armadas y su no injerencia en la política. Las presiones de la ciudadanía forzarán la definición de los cambios esperados que incluso llegarán hasta el modelo económico en donde se establecerá una “economía capitalista moderna y regulada”. Hay que hacer votos para que tales pronósticos se conviertan en realidad.
