Todos los días, de manera obcecada y pertinaz, los funcionarios del Ministerio Público (MP) cavan su propia tumba, encabezados por la Fiscal General, Consuelo Porras. Las arbitrariedades del ente investigador buscan sembrar incertidumbre entre la ciudadanía, erosionar la institucionalidad republicana y pretenden anular la voluntad soberana del Pueblo, expresada en las urnas, la cual prevalecerá a pesar de las güizachada y arbitrariedades judiciales de sicarios tribunalicios y tinterillos de tercera.
Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, el juez Fredy Orellana y otros más, se han convertido en los operadores más visibles del pacto de corruptos, y terminarán siendo los chivos expiatorios de una campaña de arbitrariedades legales destinadas al fracaso, como se ha comprobado en la última semana.
Sin embargo, la voluntad punitiva de estos operadores políticos, que va de fiasco en fiasco, constituye una cortina de humo para ocultar al cerebro de esta trama: Alejandro Giammattei, tal como lo ha venido denunciando el diputado Mario Taracena. Ejecutando una virtual mascarada, el mandatario saliente anuncia con bombos y platillos una transición ordenada y ejemplar ante la OEA, saluda y felicita a Bernardo Arévalo y Karin Herrera, y tras bambalinas dirige las puñaladas traperas contra el binomio presidencial electo.
Por su parte, el Congreso de la República, caja de resonancia del presidente más corrupto de nuestra historia, desconoció a la bancada del Movimiento Semilla, y pocos días después tuvo que rectificar su actuar arbitrario, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) invalidó la suspensión provisional del partido, decretada por el Registrador Electoral, Ramiro Muñoz, en cumplimiento de una resolución del juez Orellana.
El TSE ya oficializó los resultados electorales, y entregó credenciales a los candidatos electos, por lo que el proceso electoral 2023 ya causó estado, haciéndolo irreversible, aunque Sandra Torres no lo quiera aceptar y de patadas de ahogada, demandando que el MP promueva un antejuicio contra los magistrados del órgano jurisdiccional electoral, aduciendo que incurrieron en abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes, generando fraude en el balotaje.
Las maniobras legales, denunciadas en ésta y mis anteriores columnas, se le han revertido al pacto criminal, generando una gran indignación social, que movió a la ciudadanía para protagonizar una gran concentración en la Plaza de la Constitución, el pasado sábado 2 de septiembre, así como las concentraciones frente a las sedes del MP en distintos departamentos del país, el pasado lunes.
Durante la concentración ciudadana realizada por 48 Cantones frente a la sede del MP en Totonicapán, sentenciaron que los funcionarios aliados del pacto de corruptos “se van porque se van”, pronunciamiento que dio origen al título de esta columna.
Es un hecho que la ciudadanía identifica a la Jefa del MP y al fiscal Curruchiche, como actores corruptos y antidemocráticos, en consonancia con la lista Engels, pero aún no tiene tan claro que la mano que mueve la cuna es la de Giammattei. Cuando el Pueblo tome conciencia del plan perverso del mandatario saliente, será uno más de los corruptos que se van porque se van.
El fin de este entramado legaloide del pacto de corruptos es lograr que Bernardo Arévalo asuma debilitado la presidencia, para intentar arrancarle compromisos de impunidad, pues Giammattei tiene presente que los tres presidentes que le antecedieron han sido procesados legalmente, por ejercer el poder al margen de la ley.
Con este creciente descrédito político no solo pierde el pacto de corruptos, sino toda la clase política, que es rechazada por una ciudadanía harta de corruptelas e impunidad. Por eso es que en la Segunda Vuelta Electoral los votantes se volcaron por el Movimiento Semilla, que encarnó la opción anti sistema electoral.
Ni el Movimiento Semilla ni el binomio presidencial, integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, tienen sindicaciones de corrupción o prácticas fraudulentas, por lo que el electorado vio en ellos una opción para volcar el voto antisistema electoral.
Ahora toca a la ciudadanía defender el mandato soberano expresado en las urnas, afianzar la democracia, y reeditar una nueva primavera democrática.
