Estados Unidos anunció el sábado la restricción de visas a 100 funcionarios del gobierno de Nicaragua que, según afirma, participaron en actos de represión y cierre de espacios cívicos, como la reciente clausura y confiscación de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
El secretario de Estado, Antony Blinken, dio a conocer la medida en un comunicado tras denunciar lo que describio como «los incesantes ataques del régimen» del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo contra «las libertades civiles» en el país centroamericano.
Los 100 sancionados son funcionarios nicaragüenses que «participaron en los esfuerzos para reprimir a las organizaciones de la sociedad civil, cerrar espacios cívicos como el de la Universidad Centroamericana, y detener injustamente a personas valientes que apoyan una sociedad civil libre, incluido el obispo Rolando Álvarez», indicó la declaración.
La medida se ajusta a la Proclama Presidencial 10309, que suspende la entrada a Estados Unidos, como inmigrantes y no inmigrantes, a «personas responsables de políticas o acciones que amenazan la democracia en Nicaragua», según el texto.
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Este sábado, tres días después de la intervención estatal de la UCA, la policía nicaragüense desalojó a los sacerdotes jesuitas que laboraban en la residencia Villa del Carmen, cerca de la universidad confiscada, denunció la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe (CPAL), con sede en Lima.
En un comunicado, la CPAL señaló que el gobierno nicaragüense confiscó de manera «arbitraria» la propiedad donde habitaban los sacerdotes, pese a que ese inmueble no pertenecía a la UCA.
Agregó que los agentes obligaron a los religiosos a abandonar la residencia, quienes se marcharon del lugar y buscaron albergue en la Comunidad de San Ignacio, en Managua.
Monseñor Rolando Álvarez, obispo católico de Matagalpa (norte de Nicaragua), fue detenido hace un año por la policía y desde febrero pasado guarda prisión en un penal de Managua, tras recibir una condena de 26 años y cuatro meses de cárcel por negarse a ser deportado a Estados Unidos junto a 222 opositores excarcelados y desterrados.
Blinken aseguró que Washington seguirá trabajando con la comunidad internacional «para promover la rendición de cuentas de quienes amenazan la democracia en Nicaragua», y en favor de «las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense y el respeto de sus derechos humanos».
«Seguimos llamando a la liberación inmediata e incondicional del obispo Álvarez en Nicaragua y al fin de la represión sistemática», declaró, por su parte, Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, en su cuenta de X, antes llamada Twitter.
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La UCA, la más importante universidad privada de Nicaragua, fue confiscada esta semana por el gobierno de Ortega tras 63 años de funcionamiento, mediante una resolución judicial en la cual se la acusó de ser «un centro de terrorismo».
Por su parte, Nicaragua envió una nota de protesta al gobierno de Colombia, al que calificó de «intervencionista» después de que Bogotá dijera el viernes que le preocupa la confiscación de la UCA y «condena con vehemencia todas las medidas que limitan la libertad religiosa, de cátedra y de expresión».
En duras palabras dirigidas al gobierno del presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua dijo en el texto que «no reconoce» a la cancillería de Colombia «como autoridad alguna».
«La servidumbre de esclavos frente a los amos imperiales no encubre los propios males, la desintegración social, la narco-política, la corrupción crónica», señaló la cancillería nicaragüense en alusión a la postura de Bogotá frente a las políticas de Estados Unidos hacia Nicaragua y la problemática interna en Colombia.
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La Compañía de Jesús, a través de sus autoridades en Centroamérica, rechazó la imputación contra la UCA y le exigió al gobierno de Nicaragua que se le permita «su derecho a la defensa» a través de un juicio justo. Un día después de la confiscación, el gobierno instaló en la sede de la UCA la universidad estatal «Casimiro Sotelo».
El gobierno de Nicaragua acusa a la Iglesia católica y a distintos sectores de la oposición de haber apoyado la revuelta social de 2018, calificada por Ortega como «un fallido golpe de Estado» supuestamente auspiciado por Estados Unidos y países europeos.
La represión policial de las protestas cívicas dejó 355 manifestantes muertos, más de 2.000 heridos y provocó una grave crisis política que ha llevado al exilio a cientos de miles de personas, según organismos de derechos humanos.
Desde 2018, Estados Unidos y otros países han aplicado sanciones a funcionarios e instituciones del gobierno de Ortega, así como a su esposa Rosario Murillo y a varios de sus hijos que ocupan cargos en la administración sandinista.
