Los dinosaurios asaltaron la cristalería. Siempre la vigilaban. Es su negocio. Es su propiedad. Sus operadores siempre fueron fieles, siempre garantizaban las ganancias. Pero hoy no se ponen de acuerdo. Y sucede porque tienen sorpresas.
La lectura de la coyuntura nos trae los siguientes aspectos que ayudan a reconocer la existencia de un gran complot que pone en riesgo la democracia, la gobernabilidad y la institucionalidad en Guatemala.
La perversa aprobación en el Congreso del presupuesto 2023, superando cualquier explicación, diputados y diputadas identificados en un pacto que le ha permitido aprobar cualquier cosa en el Congreso de la República, otorgaron recursos a dudosas acciones gubernamentales para el gasto en consejos de desarrollo, empresas contratistas, institucionalidad electoral, ministerio público, municipalidades y ministerios, 7 secretarías de gobierno (entre otras).
El abandono de los guatemaltecos que viven en Estados Unidos con capacidad de empadronamiento. Los dirigentes de las organizaciones de migrantes guatemaltecos denunciaron la falta de respuesta, las decisiones erróneas, el fuera de tiempo y lugar, y las altas inversiones sin sentido ni lógica para el empadronamiento. Y luego la designación de personas guatemaltecas no migrantes para atender a la población migrante en Estados Unidos. Es como si se nombrara a la Junta Electoral Departamental de Alta Verapaz con personas de Zacapa pagándoles viáticos y gastos de viaje.
La designación de montos millonarios para la compra de abono e insumos agrícolas, aprobación de proyectos rurales en momentos de campaña electoral a los alcaldes y alcaldesas que aceptaron entrar al partido oficial para su reelección. La distribución de estos recursos con carácter clientelar fue público. Incluso reconocido como tales en los informes preliminares de las Misiones Internacionales de Observación Electoral.
La designación de la jefa del Ministerio Público con dudosa justificación. Las organizaciones sociales veían con expectativa la posibilidad de la renovación de esta jefatura. Tanto el proceso como el nombramiento estuvo falto de solidez de criterios jurídicos, ética y honorabilidad. La designación de la actual jefa del Ministerio Público se entiende a la luz de los actuales acontecimientos, de la persecución de operadores de justicia, dirigentes campesinos y periodistas.
La aprobación de leyes que criminalizaron e inmovilizaron a las organizaciones de la sociedad civil. A sabiendas que las organizaciones sociales apoyan la ruta al desarrollo con recursos internacionales, se descalificó y enfrentó a la comunidad internacional para limitar y disminuir la cooperación. La situación que sufrieron las organizaciones campesinas e indígenas fue aún más agresiva, dirigentes muertos y capturados ante la denuncia y protesta por la violación de derechos. La absurda e ignorante campaña de descalificación de los objetivos de desarrollo sostenible 2030 (los dos últimos secretarios de planificación SEGEPLAN siempre se involucraron en ese reconocimiento, acompañaron la negociación y presentación de avances en NY, EUA cada año y viajaron a varias partes del mundo con ese propósito), agenda que le da continuidad a los objetivos del milenio.
El desmantelamiento de los avances de cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Públicamente los dos últimos presidentes (el comediante y el jefe de presidios como diría el laureado escritor Sergio Ramírez) anunciaron que los Acuerdos de Paz no tendrían seguimiento y lo cumplieron cerrando instituciones o ahogándolas al no otorgarles recursos financieros.
La urgente y exprés creación de partidos políticos satélites. Partidos políticos sin ideología, sin estructura política, sin escalafón de liderazgo, con propietarios de dudosa procedencia, con financiamientos excesivos, con colores y diseños gráficos afines, familiares entre sí, son algunas de las muestras que demuestran la orquestación dentro de una estrategia electoral. El informe de la Misión de la OEA presentado a la Asamblea el miércoles 19 de julio de 2023 en Washington (EUA), reconoce la responsabilidad de la crisis en este grupo.
Las organizaciones de la sociedad civil estuvieron denunciando sistemáticamente los errores políticos, administrativos y jurídicos que se estaban dando en el Tribunal Supremo Electoral. Desde las compras y contrataciones hasta los rechazos injustificados de candidatos presidenciales. La denuncia de pago de sobre-salarios que estalló involucrando a una embajada de un país en Guatemala, una magistrada del TSE y a un ex funcionario de alta confianza del presidente reflejan la existencia de diálogos, pactos y compromisos para beneficio de los candidatos oficialistas en esta elección 2023.
El escandaloso e injustificable mantenimiento de los actuales magistrados de la corte suprema viola la constitución. No les importó a las actuales autoridades del Congreso de la República manchar su honorabilidad (¿?) manteniendo a los magistrados actuales en tiempos ilegales. Tener a los magistrados del tercer poder del Estado bajo la cooptación del grupo político que gobierna se entiende perfectamente en la coyuntura.
Todos estos puntos son públicos, han sido debatidos en todos los medios de comunicación y redes sociales. Verlos como una partida de ajedrez solo demuestra una cuestión: la existencia de un complot para seguir gobernando. La continuidad se identifica con facilidad desde la elección 2015 y luego en las elecciones generales 2019 en un ciclo que empezó con la característica de las movilizaciones sociales, el papel de la CICIG y el encarcelamiento de un presidente junto con su vicepresidenta.
En realidad, este grupo de políticos gobierna desde hace más de una década (¿algunos de los vencedores de la guerra?). Y en América Latina nada se mueve en el mundo del poder y de la política sin el permiso del gran capital que controla el país desde hace un poco más de dos siglos. Por lo que la pregunta es inevitable, ¿quiénes están detrás de este complot contra la democracia?
Finalmente, y ante la magnitud de la respuesta ciudadana, el TSE empieza a empoderarse y a reconocer que son SUPREMOS, que tienen un respaldo constitucional y ciudadano que debe mantenerlos en la defensa de los resultados electorales y la ejecución de la segunda vuelta electoral ante el acoso a la democracia por grupos poderosos y oscuros.
Este ciclo político termina ahora.
Cobán, Alta Verapaz, Guatemala.
