A treinta días de celebrarse la segunda elección presidencial permanecemos inmersos en el torbellino originado por haber judicializado la política y politizado la justicia. Los desacuerdos se trasladaron a la atmósfera judicial en donde los tribunales, electos dentro de una esfera estrictamente política que tiene su nacimiento en la academia y colegios profesionales también arrastrados por la misma corriente, son quienes tomarán la palabra final.
He sostenido reuniones con colegas constitucionalistas y Constituyentes para tratar de entender en qué momento caímos en este espectro político-judicial. Para analizar el constante irrespeto a la Constitución Política o bien para desenmarañar esa “costumbre” de interpretar las leyes antojadiza y convenientemente. Una y otra vez cuestionamos cuándo se perdió la ideología política y por qué del menosprecio a lo que representa una verdadera organización política. Vemos que por la falta de valores políticos se buscan soluciones judiciales.
«Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad” es un lema atribuido a Joseph Goebbels, jefe de campaña de Adolf Hitler. El precepto pareciera ser el parámetro con el que los políticos quieren regir la ciudadanía implementando la desinformación y el discurso de odio en su máxima expresión y cuya amalgama socava los cimientos de la democracia representativa. Asegurar que hubo fraude, exigir repetición del proceso, y descalificar a jueces y al Ministerio Público evidencia ese socavamiento. ¡Por todos lados fluye el veneno! Todo el ir y venir quedará finalmente en manos de unos personajes que no fueron electos, que no representan ni rinden cuentas a nadie: los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En ellos estará la decisión del tipo de Estado tendremos.
Si esa Corte decide repetir las elecciones todo lo actuado se cae. Habrá que empezar de cero, desde una nueva convocatoria a elecciones y nadie de los ya declarados electos (diputados y alcaldes) tomará posesión. Todos tendrán que subirse de nuevo a tarimas y repetir mítines. Pero para que esto suceda, deberá darse la declaratoria de nulidad de las elecciones; hacer nueva convocatoria, esperar la primera vuelta, que aproximadamente sería por abril de 2024 y tres meses después se daría el balotaje; todo si hay voluntad de convocar, nuevamente, a elecciones. Pero, mientras tanto ¿Quién se queda en el poder? ¡Esa es la estrategia! ¡Allí está el juego!
Se avecinan grandes desafíos: reparar el daño institucional provocado por los últimos tres gobiernos, reanudar el proceso constitucional de democratización minado por el surgimiento del pacto que nos domina y el destierro (por temas discutibles) de la CICIG. Para afrontar estos desafíos urgirá la participación activa de sectores que, aunque pausadamente, ya despertaron al llamado de la historia.
NO SE VALE que persista el incumplimiento e irrespeto al artículo uno constitucional que manda que el fin supremo es la realización del bien común siendo prioridad la consecución de objetivos generales y permanentes, nunca fines particulares. Tampoco se vale que se desacate la cita que la ciudadanía tiene el 20 de agosto para elegir a los nuevos presidente y vicepresidente de Guatemala ¡Esa cita es el primer paso al retorno de la institucionalidad mediante la restauración del Estado de Derecho!
YA ES HORA de definir y aceptar la necesidad de construir conciencia ciudadana, de entender que los electores hemos caído, en tres ocasiones pasadas, en la trampa de las elecciones por una carencia de cultura ciudadana, por la inexistencia de un diálogo de altura entre civiles, políticos, parlamentarios, diplomáticos y de todo aquel que aspira reconstruir el Estado. Defendamos la DEMOCRACIA, que tantas vidas costo.
