Organizaciones civiles se sumaron a la solicitud del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que declaró como arbitraria la detención de Virginia Laparra, exjefa de la sede de Quetzaltenango de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
En una conferencia de prensa, la defensa legal de Laparra y organizaciones de sociedad civil informaron sobre la solicitud que el GTDA hizo al Gobierno de Guatemala de poner en “inmediata” libertad a la exfiscal, petición a la cual se unieron.
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LOS MOTIVOS
El GTDA encontró que los órganos de justicia guatemaltecos incumplen su obligación de demostrar debidamente la necesidad de que Laparra permanezca detenida.
“Ni se ha demostrado la existencia de riesgo de fuga u obstaculización de la justicia”, dijeron.
Esto con relación a que Laparra permanece privada de su libertad en la cárcel ubicada en la Brigada Militar Mariscal Zavala, en la zona 17 de la capital, por dos procesos penales en su contra.
Sus abogados defensores han solicitado en varias ocasiones que se modifique la medida de coerción que mantiene por un arresto domiciliario, el cual ha sido negado por distintos jueces.
Además, el Grupo indicó que “la prisión es una medida excesiva y que no corresponde con los delitos –menores y no violentos– de los que se acusa a Laparra”.
EXIGEN LIBERTAD
Claudia González, abogada de la exfiscal, afirmó que lo manifestado por el GTDA se configura en otro antecedente de por qué la señalada debería estar en libertad.
“Al contrario, la resolución indica que Virginia Laparra está detenida por ejercer los derechos y libertades fundamentales, que reconoce y protege el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, explicó.
Agregó que: “toda persona acusada tiene el derecho a defenderse, a través de los recursos que la ley le otorga, y ser detenida por ejercerlo es una respuesta inadecuada y contraria a las obligaciones del Estado de Guatemala”.
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